Diana Perafán y Mauricio Matri revelan tragedia en comunidad indígena: menor se quitó la vida

Tragedia en el Resguardo: Niña indígena se habría quitado la vida tras brutal castigo

Colombia — La tragedia sacude a una comunidad indígena del país luego de que se confirmara la muerte de una niña menor de edad, quien presuntamente se quitó la vida horas después de haber sido víctima de un violento castigo colectivo al interior de su resguardo. El caso ha generado una profunda conmoción nacional, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por el silencio de las autoridades frente a una posible cadena de omisiones institucionales.

La menor, cuyo nombre se reserva por respeto a su identidad, fue grabada mientras era suspendida con una cuerda desde el techo, con las manos atadas, y sometida a una golpiza por parte de varios hombres adultos. El video —difundido de manera restringida por la crudeza de las imágenes— muestra cómo la niña pierde el conocimiento ante los repetidos golpes. Según se ha conocido, la grabación fue realizada por miembros de la misma comunidad, lo que ha despertado aún más preguntas sobre la normalización de prácticas violentas como método de corrección o sanción interna.

Los hechos salieron a la luz pública gracias a la denuncia realizada por la activista Diana Perafán líder indígena del cauca y el activista político Mauricio Matri, quienes tuvieron acceso al video del castigo y lo hicieron llegar a organizaciones y medios independientes. Ambos alertaron sobre la gravedad de la agresión y advirtieron que la menor no recibió atención médica oportuna. Horas después, fueron ellos mismos quienes informaron que la niña había sido hallada muerta, en lo que calificaron como un suicidio consecuencia directa del abuso y la indiferencia institucional.

“El cuerpo fue hallado sin vida en un lugar cercano a su vivienda. Todo apunta a que tomó la decisión más trágica luego de haber sido violentada, humillada y abandonada”, señaló Matri en una denuncia pública. A su vez, Perafán hizo un llamado urgente al Estado colombiano y a los organismos internacionales de derechos humanos para intervenir, asegurando que este no es un caso aislado.

Hasta el momento, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ni el Ministerio del Interior se han pronunciado oficialmente sobre lo sucedido. El gobierno del presidente Gustavo Petro tampoco ha emitido declaraciones, lo que ha generado indignación entre organizaciones civiles, activistas y ciudadanos que exigen justicia.

El caso reabre un debate complejo y sensible sobre los límites de la jurisdicción indígena, los derechos de los niños y la obligación del Estado de proteger a todos los menores, sin excepción, independientemente de su contexto cultural o étnico.

Organismos como Human Rights Watch y la Defensoría del Pueblo han sido instados a intervenir con urgencia para esclarecer los hechos, proteger a otros menores en riesgo, y garantizar que este crimen no quede impune.

“Lo que ocurrió con esta niña no puede ser explicado ni justificado desde ninguna cosmovisión cultural. El respeto a la vida y a la dignidad humana debe ser el límite infranqueable”, afirmó una fuente cercana al caso.

La comunidad, en medio del hermetismo, no ha emitido una postura oficial. Se teme que quienes denunciaron el caso estén ahora en riesgo, por lo que se ha solicitado protección urgente para ellos.

Colombia, una vez más, se enfrenta al dolor de perder una vida inocente mientras la justicia parece ausente.