El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder histórico de la seguridad democrática, ha sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno y fraude procesal.
Este fallo, emitido por un juez de la República, lo declara responsable de “soborno en actuación penal y fraude procesal”, imponiéndole una pena de 144 meses de prisión (12 años), una multa cercana a 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante más de 8 años. La decisión también le concede prisión domiciliaria bajo condiciones restrictivas.
Todo esto, pese a que fue absuelto en otros dos eventos clave (caso Hilda Niño y Harlington Mosquera), lo que evidencia contradicciones evidentes en el mismo fallo.
El mensaje es claro: en Colombia se persigue judicialmente a quien enfrentó al terrorismo y rescató al país del abismo, mientras se indulta a criminales, se negocia con cabecillas y se abren las puertas del poder a quienes alguna vez atentaron contra la nación.
Esta sentencia no solo afecta a Álvaro Uribe. Golpea a millones de colombianos que reconocen su legado, su lucha por la seguridad y su defensa de las instituciones democráticas. Es un precedente oscuro que deja al país en manos de quienes celebran la impunidad de unos mientras castigan el coraje de otros.
