En un fallo sin precedentes en la historia política y judicial de Colombia, la juez 44 penal del circuito de Bogotá condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, dentro del proceso que se originó por las denuncias cruzadas entre Uribe y el senador Iván Cepeda.

La juez Carmen Helena Heredia sustentó su decisión en más de mil páginas de argumentación, concluyendo que el expresidente lideró un entramado dirigido a manipular testigos privados de la libertad con el fin de revertir declaraciones que lo vinculaban con grupos paramilitares. En su sentencia, la togada señaló que Uribe abusó de su poder político y mediático para interferir en el proceso judicial, una conducta que, según el fallo, representa una amenaza para el Estado de Derecho.

La decisión ha generado reacciones divididas en todo el país. Mientras sectores de oposición celebran el fallo como un acto de justicia, seguidores del expresidente lo califican como una persecución política orquestada desde el poder judicial. Personalidades como el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, anunciaron que apelarán el fallo, asegurando que existen “inconsistencias jurídicas graves” y vicios procesales que podrían revertir la sentencia en segunda instancia.

El expresidente, por su parte, se pronunció desde su finca en Córdoba: “Me condenan sin pruebas, con testimonios manipulados y un sesgo ideológico evidente. Esta lucha no termina aquí. Mi conciencia está limpia”.

La condena también ha encendido las redes sociales y ha provocado movilizaciones en distintas ciudades del país, tanto en respaldo como en rechazo a la decisión judicial. Varios líderes políticos internacionales han expresado su sorpresa y preocupación por lo que consideran un momento delicado para la democracia colombiana.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General anunciaron que vigilarán de cerca el proceso de apelación, en medio de una creciente polarización nacional.

Este fallo marca un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia, donde por primera vez un expresidente elegido por voto popular es condenado por corrupción judicial, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre justicia y poder.