La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, radicó hoy una acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con el propósito de impedir que se haga efectiva la orden de detención domiciliaria de 12 años en su contra, pendiendo sobre la condena proferida la semana anterior y aún sujeta a apelación
Uribe fue condenado el viernes 1 de agosto por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Además de la pena de prisión domiciliaria, la sentencia incluyó una multa superior a los 3.000 millones de pesos y una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos, y se ordenó su captura inmediata, sin esperar a que la sentencia quedara en firme.

Granados argumenta que dicha privación de libertad se basa exclusivamente en criterios de percepción pública, el reconocimiento mediático del acusado y la necesidad de enviar un mensaje disuasorio social, lo cual no constituye fundamento jurídico ni riesgo real de fuga, y vulnera los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y libertad, tal como lo impone la jurisprudencia constitucional colombiana. El documento adversarial tiene cerca de 91 páginas y reclama la suspensión provisional inmediata del numeral cuarto de la sentencia (orden de detención), o el restablecimiento de su libertad si ya se hubiera cumplido, hasta que se resuelva la apelación que debe presentarse formalmente antes del 13 de agosto.

La defensa alega que el fallo fue emitido sin motivación suficiente y con hechos discutibles, ignorando las garantías procesales básicas. Señalan que la condena aún no es ejecutoriada, lo que convierte la aplicación inmediata de la pena en presunta “detención anticipada” contraria a la dignidad. También cuestionan que la jueza se apoyara en la popularidad del expresidente o en reacciones sociales para justificar el fallo.

Mientras tanto, en el escenario político se anticipan tensiones. El expresidente y el partido que él fundó, el Centro Democrático, convocaron una movilización para el 7 de agosto, señalando que la condena es producto de una persecución política. Por su parte, el Gobierno y diversos sectores del centro exigen el respeto a las decisiones judiciales, y figuras del Pacto Histórico consideran esta circunstancia una oportunidad para reabrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

Se espera que el Tribunal Superior decida en las próximas 24–48 horas sobre la procedencia de medidas cautelares, como la suspensión temporal de la orden de detención. La apelación de fondo debe presentarse antes del 13 de agosto y la resolución definitiva del tribunal tiene el potencial de confirmar, revocar o modificar la pena impuesta en primera instancia. El curso del proceso judicial, que cruza lo técnico y lo político, será clave en el clima electoral de cara a 2026