Bogotá, 15 de agosto de 2025 – La reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, sancionada como Ley 2381 de 2024 y prevista para entrar en vigencia el 1 de julio de 2025, se encuentra nuevamente en la cuerda floja. A pesar de haber sido aprobada otra vez por la Cámara de Representantes en junio y de subsanarse formalmente los vicios de trámite, la Corte Constitucional aún no ha emitido su fallo definitivo, dejando al proyecto en suspenso.

Fallo pendiente de la Corte: ¿Qué está en juego?

Tras identificar un vicio de procedimiento en el trámite legislativo, la Corte ordenó a la Cámara repetir la votación en un plazo máximo de 30 días hábiles Si bien la nueva aprobación contó con cifras abrumadoras (por ejemplo, 104 votos a favor según Infobae o 97 a favor y uno en contra según Reuters) la Corte aún no ha resuelto si los errores procedimentales fueron subsanados correctamente.

Costos del aplazamiento: cifras alarmantes

El retraso en la puesta en marcha de la reforma está generando tensiones económicas importantes. Se estima que el Gobierno podría estar dejando de recibir más de $14 billones de pesos por los aplazamientos. Este desfase compromete la distribución de recursos y la atención a la población adulta mayor, vulnerabilizados por demoras institucionales.

El reto de la sostenibilidad y cobertura

Paralelamente, el sistema pensional enfrenta retos estructurales. Colpensiones informó que cerca de 11 millones de colombianos no están cotizando, lo cual amenaza la sostenibilidad del sistema. Ante esto, la reforma busca ampliar la cobertura a través de un modelo basado en cuatro pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario), con énfasis en aquellos que no han cumplido los requisitos formales de pensión

¿Qué puede pasar ahora?

El futuro de la reforma pensional está condicionado a la Corte Constitucional. Si valida el trámite y el contenido de la ley, se activaría la entrada en vigor y se podrían concretar los beneficios a millones de adultos mayores. Por el contrario, si persisten las dudas y anomalías, el proceso podría alargarse indefinidamente, dejando en un limbo normativo a quienes ya anticipan mejoras en su protección social.