El presidente Gustavo Petro ordenó abrir una nueva licitación para la operación del Canal 1, a pesar de que la concesión actual, entregada en 2017 a Plural Comunicaciones, está vigente hasta el año 2037. La decisión desató un fuerte choque con los concesionarios y varios sectores empresariales, quienes calificaron la medida como un “matoneo” y una “expropiación disfrazada”.

El Canal 1, que opera como señal abierta nacional, fue adjudicado hace ocho años a un consorcio conformado por empresas nacionales e internacionales, bajo un contrato con una duración de 20 años. Dicho acuerdo contemplaba inversiones millonarias, compromisos en producción de contenidos, generación de empleo y garantía de independencia informativa. Según los concesionarios, la apertura anticipada de una nueva licitación desconoce esos compromisos y amenaza con dejar en el aire la estabilidad jurídica del país.

Plural Comunicaciones señaló en un comunicado que el Gobierno estaría incurriendo en un acto arbitrario que podría convertirse en un precedente negativo para la inversión extranjera. “Esto no es solo un golpe a un contrato vigente, es un mensaje de inseguridad jurídica. Si se desconoce una concesión legalmente adjudicada, ningún inversionista tendrá confianza en Colombia”, manifestaron voceros del consorcio. Además, no descartaron acudir a tribunales internacionales de arbitraje para proteger sus derechos.

Desde el Ejecutivo, en cambio, la justificación ha sido otra. Petro y su equipo defienden la necesidad de garantizar pluralidad informativa y abrir la competencia en la televisión abierta, señalando que el Canal 1 no ha alcanzado los niveles de audiencia ni de impacto esperados. El Gobierno insiste en que la medida busca democratizar el acceso a la señal y ofrecer más opciones de contenido a los ciudadanos.

La controversia ha escalado rápidamente. Expertos en derecho constitucional y en telecomunicaciones advierten que el Gobierno podría estar enfrentándose a una batalla judicial de alto costo. Mientras tanto, sectores políticos de oposición han criticado lo que llaman una “arremetida contra los medios”, mientras que algunos aliados del oficialismo respaldan la iniciativa presidencial como un paso hacia la “desconcentración mediática”.

La apertura de esta licitación se convierte en un nuevo pulso entre el Gobierno Petro y el sector privado, en un contexto en el que ya existen tensiones con inversionistas en áreas como la energía, la salud y las pensiones. Lo que está en juego no es únicamente el futuro del Canal 1, sino también la credibilidad del país en cuanto a respeto de contratos y reglas de juego estables.