El presidente Gustavo Petro confirmó que María Alejandra Díaz, reconocida dirigente venezolana y exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente, recibió asilo político en Colombia tras denunciar persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La decisión, que se sustenta en compromisos internacionales de protección a perseguidos políticos, ya comienza a generar reacciones tanto dentro de Colombia como en Venezuela.

Díaz, abogada y analista política, hizo parte del proceso constituyente impulsado por el chavismo, pero en los últimos años se convirtió en una de sus voces críticas. Se distanció del oficialismo denunciando prácticas autoritarias, falta de democracia interna y violaciones a los derechos humanos dentro del régimen. Según allegados, tras estas posiciones comenzó a recibir presiones, amenazas y restricciones que la llevaron a salir de Venezuela y pedir refugio en territorio colombiano.

Durante una intervención pública, Petro aseguró que la medida responde a los principios de Colombia como país garante del derecho al asilo. “La vida y la libertad son valores que debemos proteger, más allá de ideologías y fronteras. Colombia cumple con sus obligaciones internacionales al ofrecer protección a quien se declara perseguida por sus posiciones políticas”, señaló el mandatario, insistiendo en que esta decisión no debe interpretarse como un quiebre en las relaciones diplomáticas con Caracas.

Sin embargo, el anuncio ha generado debate. En Venezuela, sectores oficialistas calificaron a Díaz como “traidora” y criticaron a Petro por abrirle las puertas a una disidente del chavismo. En contraste, la oposición venezolana celebró la noticia como un gesto de solidaridad regional, resaltando que Colombia se convierte en un refugio para quienes deciden apartarse del régimen.

En Colombia, la decisión también levantó voces a favor y en contra. Mientras defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales aplaudieron la medida, algunos sectores de oposición cuestionaron el impacto diplomático que pueda tener con el gobierno de Maduro, en un momento en el que Bogotá busca mantener estabilidad en la frontera y consolidar acuerdos comerciales.

El caso de María Alejandra Díaz no es aislado. Colombia ha sido históricamente receptor de opositores y disidentes venezolanos, tanto de la oposición tradicional como de sectores críticos del chavismo. Analistas consideran que su presencia en el país puede convertirse en un nuevo punto de fricción en la compleja relación Petro–Maduro, marcada por acercamientos diplomáticos, pero también por tensiones alrededor de la situación política y de derechos humanos en Venezuela.

De esta forma, la llegada de Díaz bajo la figura de asilo político no solo tiene un trasfondo humanitario, sino también implicaciones regionales. En un contexto de inestabilidad en la región y de crecientes cuestionamientos a los gobiernos autoritarios, el gesto de Colombia refuerza su papel como garante de protección internacional, aunque con el riesgo de reabrir debates diplomáticos que ya parecían superados.