Colombia atraviesa una de las crisis más delicadas de los últimos meses en materia de seguridad. Este martes 26 de agosto, el Ministerio de Defensa confirmó que 34 soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados en zona rural del departamento del Guaviare, luego de enfrentamientos armados con disidencias de las FARC que operan en la región.

Según las primeras versiones, los uniformados pertenecientes a una unidad de operaciones especiales se encontraban en una misión de control territorial en áreas estratégicas de San José del Guaviare, cuando fueron emboscados por hombres armados del Estado Mayor Central, principal grupo disidente de la antigua guerrilla. Fuentes castrenses explicaron que los soldados adelantaban patrullajes para frenar el avance de economías ilícitas en la región, principalmente el narcotráfico y la minería ilegal, actividades dominadas por los grupos armados. Sin embargo, hacia el mediodía fueron rodeados por un numeroso contingente de disidentes que, tras horas de combate, lograron capturarlos y desarmarlos. Videos difundidos en redes sociales muestran a varios militares retenidos y escoltados por civiles armados en zonas selváticas, aunque las autoridades aún no han confirmado la autenticidad de las imágenes.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó con firmeza el hecho al afirmar que se trata de un “acto criminal y absolutamente inaceptable”, y aseguró que el Gobierno activó un plan especial de búsqueda y rescate con apoyo de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Cruz Roja Internacional para garantizar que los uniformados sean liberados lo antes posible. Por su parte, el presidente Gustavo Petro convocó un consejo extraordinario de seguridad en la Casa de Nariño, en el que participan la cúpula militar, la Fiscalía General y representantes de la comunidad internacional. Petro pidió a los disidentes respetar la vida de los soldados y advirtió que el Estado no aceptará presiones políticas ni negociaciones bajo chantaje armado.

El secuestro masivo ha generado alarma en la población civil del Guaviare, donde el miedo por la expansión de los grupos armados ilegales se ha intensificado en los últimos meses. Líderes comunitarios denunciaron que la presencia de la fuerza pública es insuficiente y que la población ha quedado en medio del fuego cruzado. Analistas políticos señalan que este hecho constituye un duro golpe al Gobierno Petro, que ha impulsado un proceso de “paz total” con varios grupos armados. El incidente podría entorpecer las negociaciones y aumentar la presión de la oposición, que ha cuestionado la efectividad de los diálogos con organizaciones que mantienen prácticas violentas como el secuestro y la extorsión. El senador Miguel Uribe Londoño, recién lanzado como precandidato presidencial, criticó al Ejecutivo afirmando que “Colombia no puede seguir arrodillada frente a la criminalidad” y pidió una respuesta contundente de las Fuerzas Armadas.

Este episodio revive uno de los capítulos más dolorosos de la historia del país: los secuestros masivos perpetrados por las FARC en las décadas de los 90 y 2000. Aunque tras el acuerdo de paz de 2016 se pensó que esa práctica quedaba en el pasado, las disidencias han retomado esta estrategia como mecanismo de presión política y de financiación ilegal. Expertos advierten que el secuestro de 34 militares podría marcar un punto de quiebre en el proceso de paz con el Estado Mayor Central y obligar al Gobierno a endurecer su postura frente a estos grupos.

Por ahora, el paradero de los soldados sigue siendo desconocido y las operaciones militares en Guaviare se mantienen bajo estricta reserva. El Ministerio de Defensa anunció que se desplegarán refuerzos de tropas y tecnología de inteligencia para dar con el paradero de los secuestrados. Familiares de los militares han pedido a los grupos armados respeto por la vida de sus seres queridos y al Gobierno que no ahorre esfuerzos en garantizar su regreso. La comunidad internacional también ha empezado a pronunciarse: embajadores de la Unión Europea y de Estados Unidos en Colombia rechazaron el secuestro y ofrecieron apoyo en labores de mediación humanitaria. Mientras tanto, el país entero permanece a la expectativa de lo que ocurra en las próximas horas, en un episodio que podría definir el rumbo de la política de seguridad y de paz en Colombia.