Por primera vez en más de tres décadas, la encuestadora Invamer dejó de publicar su tradicional estudio bimestral sobre la percepción ciudadana, un informe que se había convertido en una referencia indispensable para analizar la opinión pública del país en temas de política, economía, seguridad y gestión gubernamental. La empresa, que llevaba 30 años midiendo el pulso de los colombianos, anunció que no pudo divulgar resultados debido a las restricciones impuestas por la nueva ley que regula las encuestas electorales en Colombia.

La ley, aprobada en julio y en vigor desde este mes, establece condiciones que para la compañía resultan imposibles de cumplir. Una de las más controversiales es la obligación de incluir en las muestras a todos los municipios con más de 800.000 habitantes. Esto significa que, además de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, deben sumarse ciudades como Cartagena y Soacha, y en el corto plazo también Cúcuta, lo que multiplica de manera significativa la cobertura necesaria para un estudio representativo. Según cálculos de Invamer, esto obligaría a pasar de un promedio de 1.400 encuestas por medición a más de 11.000, elevando los costos de manera desproporcionada y haciendo inviable la continuidad de los estudios bajo su modelo actual de operación.

En un comunicado, la firma aseguró que la nueva normativa constituye una forma de censura que afecta directamente el derecho a la información de los ciudadanos. “No nos es posible informarte cómo van las cosas en Colombia”, fue el mensaje que apareció en el lugar donde, durante años, los colombianos consultaban datos sobre aprobación presidencial, intención de voto o percepción de la situación del país. Para la encuestadora, la ley vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el deber de informar, y además presenta vicios en su trámite legislativo, pues, según expertos, debió haberse discutido como una ley estatutaria por la magnitud de su impacto en la democracia.

El gerente de Invamer, Martín Orozco, calificó la norma como una amenaza directa a la libertad de prensa y un obstáculo para el ejercicio del habeas data. En sus palabras, la regulación no solo busca ordenar el mercado de las encuestas, sino que establece condiciones que equivalen a un silenciamiento de las mediciones serias y profesionales, favoreciendo a quienes divulguen información sin metodología comprobada ni rigor científico. “Esto es una censura disfrazada de transparencia”, advirtió.

El debate ha generado fuertes reacciones en diferentes sectores. Mientras las empresas encuestadoras más reconocidas, como el CNC y Yanhaas, han respaldado la postura de Invamer y advirtieron que también podrían suspender sus mediciones si no se corrigen las exigencias legales, varios analistas coinciden en que el país se queda momentáneamente sin uno de los principales termómetros de la opinión pública. En un momento clave para la democracia, a pocos meses de nuevas elecciones regionales, la ausencia de encuestas confiables abre un vacío que podría ser llenado por cifras manipuladas, rumores y desinformación en redes sociales.

Desde el Congreso, las senadoras Paloma Valencia, Angélica Lozano y Clara López, impulsoras de la ley, han defendido la reforma señalando que busca evitar que las encuestas se utilicen como herramienta de propaganda política y garantizar mayor transparencia técnica en los sondeos. Según ellas, la intención no es censurar, sino elevar el nivel de exigencia metodológica para que los resultados reflejen de manera más precisa la diversidad del país y no se concentren en grandes centros urbanos.

No obstante, críticos de la iniciativa sostienen que la ley fue aprobada sin un análisis serio de su impacto económico y operativo sobre las firmas encuestadoras, lo que la convierte en una medida que, en la práctica, limita la producción de información estadística confiable. Organizaciones de la sociedad civil y expertos en democracia han advertido que el acceso a encuestas rigurosas es un derecho de los ciudadanos y un insumo fundamental para el debate público, pues permiten evaluar la gestión del Gobierno y orientar las discusiones electorales con base en datos verificables.

Actualmente, varias demandas contra la ley se encuentran en estudio ante la Corte Constitucional, que deberá determinar si efectivamente la norma vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información. Mientras tanto, la decisión de Invamer de suspender su encuesta bimestral marca un hecho sin precedentes en la historia reciente del país. Durante más de treinta años, sus estudios habían sido una fuente de referencia para medios de comunicación, partidos políticos, empresarios y ciudadanos en general. Su ausencia genera un vacío de información en un momento de alta polarización política y de incertidumbre frente al rumbo del Gobierno.

Lo ocurrido abre además un interrogante de fondo sobre la relación entre poder político y opinión pública en Colombia. Para algunos analistas, la medida puede interpretarse como un intento de controlar el impacto de los sondeos en la dinámica electoral, reduciendo el margen de maniobra de empresas independientes y limitando la capacidad de los ciudadanos de evaluar en tiempo real la situación del país. Para otros, se trata simplemente de una reforma mal diseñada que, en lugar de fortalecer la transparencia, terminó debilitando una tradición democrática de más de tres décadas.

Mientras la discusión se resuelve en los estrados judiciales y en el debate público, Colombia enfrenta un escenario inédito: el silencio de las encuestas. Una ausencia que, en tiempos de incertidumbre política y económica, no solo deja sin brújula a los líderes y partidos, sino también a los ciudadanos que durante años han confiado en estos estudios como una herramienta para comprender mejor la realidad nacional.