La Embajada de Colombia en Estados Unidos encendió la polémica política nacional tras cuestionar abiertamente el viaje que varios alcaldes de las principales ciudades del país realizarán a Washington en los próximos días. La delegación diplomática calificó la decisión como “lamentable”, argumentando que los mandatarios locales desconocen la gestión que se ha venido adelantando de manera oficial y que, en lugar de fortalecer la posición del país, terminan politizando un tema de alto interés nacional: la posible descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

En su pronunciamiento, la Embajada insistió en que el Gobierno colombiano, a través de la Cancillería y otras instituciones, ha sostenido reuniones constantes con autoridades estadounidenses para exponer los avances y resultados de la actual política antidrogas. Según la representación diplomática, el trabajo ya realizado responde a las directrices del presidente Gustavo Petro y cuenta con la participación de diferentes ministerios y de la Fuerza Pública. Por ello, la visita de los alcaldes fue interpretada como una jugada política que busca enviar mensajes de oposición más que aportar soluciones conjuntas.

El presidente Gustavo Petro no tardó en respaldar esta postura. A través de sus redes sociales afirmó que los alcaldes no están autorizados para representar a Colombia en escenarios internacionales y recordó que la Constitución le otorga de manera exclusiva al Gobierno central la facultad de conducir la política exterior. Petro advirtió que, más allá del resultado que tenga la certificación antidrogas, no permitirá que actores locales asuman vocerías que no les corresponden en nombre de la nación.

Los alcaldes involucrados en el viaje, entre ellos Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), respondieron con firmeza a las críticas. Argumentaron que su presencia en Washington busca defender no solo los intereses de sus ciudades, sino también de todo el país. Según manifestaron, la descertificación por parte de Estados Unidos tendría consecuencias negativas en la cooperación internacional, en la inversión extranjera, en la lucha contra el narcotráfico y en las relaciones bilaterales. Por esa razón, consideraron que su viaje es una muestra de responsabilidad y no un acto de oposición política.

El alcalde Federico Gutiérrez fue uno de los más contundentes en su reacción, señalando que el presidente Petro actúa como un dictador al pretender limitar la gestión de los mandatarios locales. A su juicio, los alcaldes no necesitan autorización para velar por los intereses de los ciudadanos que representan y, por el contrario, deben alzar la voz en momentos en que Colombia enfrenta un riesgo diplomático de gran magnitud.

La descertificación antidrogas es un proceso mediante el cual el Gobierno de Estados Unidos evalúa anualmente los esfuerzos de distintos países en la lucha contra el narcotráfico. Una decisión negativa podría traducirse en sanciones económicas, reducción de la cooperación internacional e impacto en la confianza de inversionistas extranjeros. Para los mandatarios locales, la posibilidad de perder este respaldo pondría en riesgo el desarrollo de programas sociales, de seguridad y de fortalecimiento institucional en sus ciudades.

La controversia ha escalado rápidamente, enfrentando al Gobierno nacional con líderes locales de gran peso político. Mientras la Embajada insiste en que los canales diplomáticos oficiales son los únicos que deben adelantarse, los alcaldes sostienen que su viaje responde a una necesidad urgente de mostrar otra cara del país y garantizar que Colombia no pierda un apoyo estratégico que consideran fundamental.

La tensión se mantiene a la espera de lo que decida finalmente el Gobierno de Estados Unidos, que entre el 14 y el 15 de septiembre deberá anunciar si Colombia mantiene o no su certificación en materia antidrogas. El viaje de los alcaldes, sin embargo, ya ha generado un profundo debate en la opinión pública, al poner sobre la mesa la pregunta sobre hasta qué punto los líderes locales pueden intervenir en asuntos de política internacional y qué tanto pesa el interés nacional frente a la confrontación política interna.