El presidente Gustavo Petro volvió a abrir un frente de confrontación política tras los recientes resultados en el Congreso, donde su coalición sufrió un revés en votaciones clave. En lugar de reconocer la derrota, el mandatario lanzó nuevas críticas contra el registrador nacional, Carlos Camargo, a quien vinculó con el escándalo del llamado “cartel de la toga”, uno de los episodios más oscuros de la justicia colombiana en los últimos años.

El señalamiento de Petro se produjo en medio de un discurso cargado de inconformidad frente a las decisiones del Legislativo, en el que aseguró que sectores tradicionales del poder buscan bloquear las reformas que impulsa su Gobierno. El jefe de Estado insistió en que existen intereses ocultos detrás de su derrota en el Congreso y apuntó directamente contra Camargo, a quien acusó de representar las viejas prácticas de corrupción que, según él, aún dominan parte de la institucionalidad.

El “cartel de la toga” fue un entramado de corrupción judicial revelado hace varios años, que involucró a magistrados de altas cortes en el cobro de millonarias sumas de dinero a cambio de manipular procesos contra congresistas y políticos. Aunque Carlos Camargo nunca ha sido judicializado por este escándalo, Petro sugirió que su cercanía con algunos de los protagonistas de ese episodio lo deja en entredicho. Las afirmaciones del presidente generaron un inmediato rechazo de parte de sectores políticos que las calificaron como ataques sin pruebas.

Desde la oposición, varios congresistas exigieron al mandatario dejar de buscar culpables externos por la derrota legislativa y asumir la responsabilidad política de no haber logrado mayorías. Argumentaron que relacionar al registrador con hechos de corrupción sin evidencias concretas solo contribuye a desgastar aún más la confianza en las instituciones. Algunos líderes fueron más allá y advirtieron que las declaraciones de Petro podrían constituir una estrategia para deslegitimar a la Registraduría de cara a los próximos procesos electorales.

En contraste, seguidores del presidente respaldaron su postura y sostuvieron que Camargo representa a un sector político que ha estado vinculado históricamente a las maquinarias tradicionales. Para ellos, la crítica del mandatario no se trata de una acusación judicial, sino de un cuestionamiento político legítimo frente a una figura que, en su opinión, no ha garantizado la transparencia plena en procesos democráticos.

El registrador Carlos Camargo respondió brevemente a los señalamientos, asegurando que su gestión se ha caracterizado por la imparcialidad y el compromiso con la institucionalidad. Señaló que no permitirá que su nombre sea utilizado como “arma política” y defendió la transparencia de su administración al frente de la Registraduría. Sus declaraciones fueron interpretadas como un intento de contener la polémica sin escalar la confrontación directa con el presidente.

El episodio profundiza la tensión entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder público en un momento de alta incertidumbre política. Para analistas, la insistencia de Petro en desconocer la derrota en el Congreso y dirigir sus ataques a figuras como Camargo refleja la dificultad del Gobierno para construir consensos en un escenario donde las mayorías legislativas no le favorecen. La estrategia de confrontación, aunque refuerza el vínculo con sus bases más fieles, también puede aislar al presidente y reducir aún más su margen de maniobra institucional.

El nuevo dardo de Petro contra el registrador llega en un contexto de debates internos dentro del Pacto Histórico, donde varios dirigentes han cuestionado los errores estratégicos que llevaron a la pérdida de apoyos en el Legislativo. Mientras tanto, la oposición aprovecha cada declaración del presidente para reforzar la narrativa de que su Gobierno está debilitado y cada vez más alejado de los canales de concertación política.

El país sigue atento a los próximos pasos del jefe de Estado, que parece decidido a mantener el tono de confrontación directa con el Congreso y con algunos de los funcionarios que considera parte del “establecimiento” que se opone a su proyecto. Lo ocurrido con Camargo no es un hecho aislado, sino una nueva muestra de la estrategia presidencial de señalar públicamente a quienes percibe como responsables de obstaculizar su agenda de reformas.

La polémica promete seguir escalando, pues el choque entre el presidente y el registrador se suma a la ya compleja relación entre el Gobierno, el Congreso y los órganos de control. En medio de este clima, la política colombiana parece entrar en una fase de mayor polarización, donde cada derrota legislativa del Gobierno se traduce en nuevos ataques y cada señalamiento del presidente reaviva las tensiones institucionales.