El proyecto bandera del presidente Gustavo Petro, que fue presentado como una de las apuestas más transformadoras de su gobierno, enfrenta un panorama crítico: según recientes informes de seguimiento, la iniciativa no supera el 10 % de avance real, a pesar de haber consumido buena parte de los recursos presupuestados y contar con una fuerte campaña de promoción desde su lanzamiento.

La situación ha encendido las alarmas en el Congreso y en distintos organismos de control, donde ya se habla de presuntas irregularidades en la contratación, retrasos injustificados y sobrecostos que podrían comprometer la viabilidad de la obra. Varios legisladores han solicitado a la Contraloría y la Procuraduría una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo un manejo inadecuado de los fondos asignados.

El proyecto, que en su momento fue presentado como un símbolo de cambio y desarrollo social, había generado grandes expectativas en comunidades y sectores económicos. Sin embargo, las promesas de avance rápido y resultados visibles se han visto empañadas por demoras logísticas, falta de coordinación institucional y, según denuncias preliminares, posibles anomalías en la adjudicación de contratos a empresas que no cumplirían los requisitos técnicos.

Críticos del gobierno señalan que esta situación refleja un patrón de incumplimiento en la ejecución de políticas públicas que, a su juicio, se repite en otras iniciativas de gran escala. “No basta con anunciar proyectos ambiciosos si no existen planes técnicos claros ni controles de ejecución eficientes”, afirmaron congresistas de la oposición al conocerse el informe.

Por su parte, voceros del oficialismo han defendido la iniciativa y aseguran que los retrasos se deben a factores externos, como dificultades administrativas heredadas, trabas legales y cambios normativos que han frenado el cronograma. “El proyecto sigue en pie y avanza, aunque más lento de lo esperado. Lo importante es garantizar que se haga bien y con transparencia”, señalaron desde la bancada del Pacto Histórico.

Aun así, las dudas sobre el manejo de los recursos y la baja ejecución amenazan con golpear la credibilidad de Petro en un momento clave de su mandato, cuando su popularidad se encuentra en terreno frágil y la presión política crece de cara a las elecciones de 2026.

Organismos de control han anunciado que en las próximas semanas se darán a conocer los primeros hallazgos sobre las denuncias de irregularidades. Si se confirman anomalías, el proyecto podría convertirse en uno de los mayores escándalos de la administración, con consecuencias tanto políticas como judiciales.

Mientras tanto, las comunidades beneficiarias, que habían depositado su esperanza en la iniciativa, se encuentran en la incertidumbre, a la espera de que se definan las responsabilidades y se reactive de manera efectiva un plan que prometía cambiar sus condiciones de vida, pero que hoy parece estancado.