El debate entre Colombia y Estados Unidos dio un giro inesperado después de que el prestigioso diario The New York Times publicara un artículo en el que confirma que sí había ciudadanos colombianos en una de las embarcaciones bombardeadas por las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. La información, sustentada en fuentes oficiales anónimas del gobierno norteamericano, respalda la versión que el presidente Gustavo Petro había sostenido durante varios días, pese a la negación inicial de Washington.

Según el informe del periódico estadounidense, funcionarios del Departamento de Defensa y de agencias de seguridad habrían reconocido que, durante la operación militar, se atacó una embarcación que no solo transportaba cargamento ilícito, sino también tripulantes de nacionalidad colombiana. Estos detalles coinciden con las declaraciones del mandatario colombiano, quien denunció públicamente que Estados Unidos había bombardeado a colombianos sin previo aviso y sin una verificación adecuada de su identidad.

El episodio ocurrió en el marco de una serie de ataques a presuntos barcos dedicados al narcotráfico en aguas del Caribe. Estados Unidos justificó la acción como parte de una operación conjunta con países de la región para desmantelar rutas ilegales. No obstante, la denuncia de Petro, quien aseguró que las víctimas eran nacionales colombianos que no estaban armados y que su embarcación no representaba una amenaza, abrió una tormenta diplomática sin precedentes en los últimos años entre ambos países.

Durante varios días, la Casa Blanca rechazó la acusación de Petro, calificándola como “infundada” y “peligrosa”. Voceros del gobierno estadounidense exigieron una retractación inmediata del mandatario colombiano, asegurando que no existían pruebas que sustentaran sus afirmaciones. En ese momento, numerosos sectores de la oposición en Colombia también criticaron al presidente por “difundir información sin verificar”, acusándolo de deteriorar las relaciones con uno de los principales aliados internacionales del país.

Sin embargo, el informe del New York Times modificó por completo el panorama. El diario, reconocido por su rigor investigativo, citó fuentes militares que confirmaron la presencia de al menos dos ciudadanos colombianos en el barco destruido por un ataque aéreo. Según la publicación, las víctimas fueron identificadas a través de registros de migración y comunicaciones interceptadas antes del operativo, lo que demostraría que la inteligencia estadounidense sí tenía conocimiento de la nacionalidad de algunos tripulantes antes del bombardeo.

Ante esta revelación, el presidente Petro volvió a pronunciarse desde Bruselas, donde realiza una visita diplomática. Aseguró que “la verdad termina saliendo a la luz” y que la confirmación del New York Times demuestra que Colombia tiene derecho a exigir explicaciones formales al gobierno de Estados Unidos. “Si se atacaron ciudadanos colombianos sin previa advertencia, estamos frente a un hecho que debe investigarse a fondo. La vida de nuestros compatriotas no puede ser tratada como daño colateral”, afirmó el mandatario.

El gobierno colombiano ha solicitado oficialmente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá un informe detallado sobre las circunstancias del ataque. La Cancillería también anunció que pedirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una revisión del caso, argumentando que el bombardeo vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los colombianos fallecidos.

Mientras tanto, en Washington, el Pentágono guarda silencio. Solo un portavoz del Departamento de Estado se limitó a decir que “se están revisando los detalles” y que, hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la nacionalidad de las víctimas. Sin embargo, varios analistas en política internacional han señalado que la confirmación del New York Times complica la posición estadounidense, ya que pone en duda la transparencia de sus operaciones en el Caribe y abre la posibilidad de una investigación independiente.

En Colombia, las reacciones han sido diversas. Líderes del Pacto Histórico respaldaron a Petro y destacaron que la información confirma su versión frente a una campaña de descrédito que, según ellos, buscaba desacreditar sus denuncias. En contraste, sectores de la oposición exigieron que el Gobierno actúe con prudencia y evite convertir la situación en un conflicto diplomático mayor.

Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, también se han pronunciado. Algunas han solicitado que se identifiquen los cuerpos de las víctimas y se entreguen a sus familias, mientras que otras piden una auditoría independiente sobre la legitimidad de los ataques estadounidenses en el Caribe, especialmente si se demuestra que se trató de ciudadanos de un país aliado.

La noticia publicada por The New York Times ha generado un terremoto político. Por un lado, refuerza el discurso del presidente Petro sobre la defensa de la soberanía y el respeto por la vida de los colombianos. Por otro, pone en aprietos al gobierno de Joe Biden, que ahora deberá explicar si el ataque fue un error, una acción encubierta o parte de una estrategia militar más amplia.

El episodio marca un nuevo punto de inflexión en las relaciones entre Bogotá y Washington. Lo que comenzó como una acusación desestimada se ha convertido en un asunto de alcance internacional, con implicaciones legales, diplomáticas y políticas. Si las autoridades estadounidenses terminan reconociendo oficialmente lo que el New York Times reveló, se abriría un capítulo sin precedentes en la historia reciente de la cooperación entre ambos países, donde la transparencia y el respeto mutuo quedarán puestos a prueba.