Durante su gestión como funcionaria en el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá, Amelia Pérez firmó cinco contratos que han generado controversia y suscitado interrogantes sobre su idoneidad para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Estos contratos, suscritos entre 2013 y 2014, han sido objeto de escrutinio público debido a su vinculación con la administración de Gustavo Petro.
A pesar de las críticas y cuestionamientos, Amelia Pérez ha defendido la legalidad y transparencia de dichos contratos, argumentando que se ajustan a las normativas vigentes y que su desempeño como funcionaria ha sido intachable. Sin embargo, su relación cercana con el exalcalde Petro ha generado dudas sobre su imparcialidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones como fiscal general, en caso de resultar elegida.
La candidatura de Pérez como fiscal general de la Nación ha generado un intenso debate en la opinión pública y en los círculos políticos, donde se ha cuestionado su capacidad para liderar la Fiscalía General y garantizar una administración de justicia independiente y objetiva. A pesar de las críticas, Pérez mantiene su postura de ser la opción más idónea para el cargo, respaldada por su experiencia y conocimiento en el ámbito jurídico. Su elección como fiscal general, de llegar a concretarse, sin duda sería un hito en la historia judicial de Colombia, marcando un nuevo rumbo en la lucha contra la corrupción y la impunidad.