Guatemala ha emitido órdenes de captura contra dos figuras que, bajo el manto de la lucha contra la corrupción, habrían cometido graves abusos de poder: Iván Velásquez Gómez, exjefe de la CICIG y exministro de Defensa de Colombia, y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de la Nación.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche, presentó pruebas contundentes que vinculan a Iván Velásquez y a Luz Adriana Camargo con maniobras que favorecieron a ejecutivos de Odebrecht durante las investigaciones de la CICIG. Según la FECI, dichas actuaciones habrían ocasionado pérdidas superiores a Q3 mil millones en contra del patrimonio guatemalteco. Con esta orden, Guatemala envía una señal clara: la justicia centroamericana está decidida a enjuiciar a quienes hayan vulnerado el erario, sin importar su nacionalidad o cargo previo.
2025: 153 días de trabajo fuerte y firme 💪
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025
El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme 💪#FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q
Velásquez Gómez alcanzó notoriedad internacional al dirigir la CICIG entre 2013 y 2019, órgano respaldado por la ONU que desarticuló redes de influencia política y económica. Sin embargo, la FECI sostiene que, en lugar de trabajar exclusivamente en favor de la transparencia, Velásquez habría incurrido en acuerdos ocultos con cabecillas de Odebrecht para entorpecer procesos de indagación en Guatemala. Este giro de los acontecimientos refrenda la sospecha de que, en ocasiones, las estructuras penitenciarias internacionales pueden ser empleadas para fines políticos o ideológicos, más que para el estricto cumplimiento de la ley.
Críticos argumentan que ambos cuentan con inmunidad diplomática: Velásquez ocupa la embajada de Colombia ante el Vaticano y Camargo goza de protección oficial. Sin embargo, la Sala Tercera ha dejado claro que la prerrogativa de inmunidad no es absoluta cuando existen indicios racionales de delitos que afectan el interés público de Guatemala. Esta interpretación pone el Estado de Derecho por encima de conveniencias diplomáticas. Es un precedente inédito que refuerza la idea de que los acuerdos internacionales no pueden convertirse en escudo permanente contra la justicia.
Comentarios de Facebook