Un juez penal especializado de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Katherine Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, única mujer procesada hasta ahora por el atentado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La justicia colombiana dio un nuevo paso en el esclarecimiento del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La juez primera Penal Especializada de Bogotá aprobó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Katherine Martínez Martínez, conocida como alias ‘Gabriela’, quien aceptó su responsabilidad en el crimen ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de la capital.

Como resultado del acuerdo judicial, alias ‘Gabriela’ fue condenada a 254 meses de prisión, equivalentes a 21 años y 2 meses, tras aceptar los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y utilización de menores de edad para la comisión de delitos.

Durante la audiencia, Martínez pidió perdón públicamente a la familia de Miguel Uribe Turbay, en especial a su esposa, María Claudia Tarazona, y a su hermana, reconociendo la gravedad de sus actos y manifestando sentimientos de culpa por el daño causado.

Según la Fiscalía, la hoy condenada, de 19 años, tuvo un papel activo tanto en la planeación como en la ejecución del atentado. La investigación estableció que participó en reuniones previas donde se definieron los roles de los implicados, trasladó el arma de fuego que fue entregada al menor de edad que ejecutó el ataque y permaneció en las inmediaciones del lugar para verificar que el crimen se llevara a cabo.

El ente acusador también señaló que existen pruebas que la vinculan con encuentros posteriores al atentado, en los que se habrían definido rutas de escape y estrategias para evadir a las autoridades.

El caso continúa avanzando en los estrados judiciales mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de otros posibles implicados en uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en los últimos años.