Bogotá, 3 de septiembre de 2025 – El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó en el Congreso la nueva Ley de Financiamiento, más conocida como reforma tributaria, con la meta de recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto nacional de 2026, que asciende a 557 billones de pesos. La propuesta ha encendido un fuerte debate político en medio de un panorama económico complejo y de la cercanía de los comicios del próximo año.

Lo cierto es que la reforma busca aumentar de manera significativa la recaudación, superando los 19 billones que se habían proyectado inicialmente. Entre los sectores que sí serán gravados están los combustibles, los juegos de azar, las plataformas digitales extranjeras, las entidades financieras, las iglesias cuando realicen actividades comerciales, el patrimonio, el carbono, el alcohol, el tabaco y ciertos eventos culturales o deportivos de alto costo. El Gobierno ha insistido en que la canasta familiar no se tocará y que no se aplicará IVA a los productos básicos de consumo. También se estableció que las medidas tributarias se implementarán de forma progresiva, con un calendario que va de 2026 a 2028.

Sin embargo, no todo lo que se comenta alrededor de esta iniciativa es cierto. No habrá cambios en la tarifa general del IVA, pese a rumores que así lo aseguraban, y tampoco existe en el texto de la reforma un impuesto a las pensiones, tema que en otras discusiones fiscales ha generado polémica pero que en este caso no fue incluido. Por otro lado, la viabilidad política de la iniciativa es incierta. Se trata de la tercera reforma tributaria presentada por el gobierno Petro: la primera fue aprobada, la segunda se archivó y esta tercera enfrenta un Congreso fragmentado, lo que podría dificultar su aprobación.

El contexto económico explica parte de la urgencia. Colombia enfrenta un déficit fiscal elevado, con una meta del 7,1 % del PIB para 2025 y un ajuste proyectado al 6,2 % en 2026. Para lograrlo, el Gobierno suspendió la regla fiscal que limitaba el gasto desde 2011, lo que ha generado preocupación entre los sectores empresariales y las calificadoras internacionales, que ya han degradado la deuda del país. Mientras el Ejecutivo defiende la reforma como una herramienta indispensable para garantizar la estabilidad financiera y cumplir compromisos sociales, la oposición la acusa de cargar sobre los ciudadanos y sectores productivos un peso excesivo en un momento de desaceleración económica.

La discusión apenas comienza, pero lo cierto es que la reforma tributaria marcará el pulso de la política en los próximos meses y definirá en gran medida la capacidad del Gobierno de sostener su agenda social y económica en el último tramo de su mandato.