La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra Ricardo Bonilla, hombre de confianza del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en el direccionamiento de millonarios contratos para comprar apoyos en el Congreso.

La crisis de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue escalando, esta vez con consecuencias directas para uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación anunció este martes que imputará cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos millonarios como parte de una estrategia para asegurar apoyos parlamentarios al Gobierno.

🚨 OTRO FUNCIONARIO DE PETRO IMPUTADO

– Tráfico de influencias
– Interés indebido en la celebración de contratos

Esos son los delitos que se le imputarán a Ricardo Bonillapic.twitter.com/yNcY5Fcq9B

— Ani Abello (@ANIABELLO_R) June 3, 2025

Bonilla deberá responder por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con la asignación de recursos por más de 92.000 millones de pesos a proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Según la fiscal delegada María Cristina Patiño, el exministro ordenó a su entonces asesora, María Alejandra Benavides, intervenir directamente en la gestión de estos contratos.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, el exministro participó en reuniones clave donde se discutieron estos direccionamientos. Las obras habrían sido ofrecidas como moneda de cambio a congresistas para que aprobaran operaciones de crédito externo por parte del Gobierno en diciembre de 2023.

Aunque Bonilla niega cualquier responsabilidad, su renuncia en diciembre de 2024, solicitada personalmente por el presidente Petro, encendió las alarmas sobre la gravedad del caso. La Fiscalía prepara ya la audiencia de imputación, que podría derivar en una solicitud de medida de aseguramiento.