Guaviare, Colombia – 29 de agosto de 2025.
En un hecho que ha devuelto la calma a una región marcada por la violencia, este viernes fueron liberados 33 militares del Ejército Nacional que permanecían retenidos en el municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. Los uniformados habían sido privados de su libertad por civiles de la zona, en medio de la creciente tensión que se vive tras los fuertes combates entre la fuerza pública y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, una de las estructuras armadas ilegales más activas en el suroriente del país.

La liberación se logró después de varios días de incertidumbre y presión social, gracias a las gestiones adelantadas por la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de representantes de Naciones Unidas y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). Estas instituciones jugaron un papel fundamental para mediar entre la comunidad, que mantenía retenidos a los militares, y las autoridades, que buscaban recuperar el control de la situación sin provocar un desenlace violento.

Los hechos que desencadenaron la retención de los soldados se remontan a los enfrentamientos registrados la semana pasada en las selvas del Guaviare. Tropas del Ejército realizaron operaciones militares contra campamentos insurgentes, lo que dejó como saldo la muerte de al menos 21 combatientes de las disidencias, entre ellos un comandante regional de peso dentro de la estructura armada. Posteriormente, en nuevos choques, murieron otros 10 rebeldes, lo que intensificó la crisis de seguridad en el área. En represalia y bajo presiones de los grupos ilegales, algunos pobladores de El Retorno decidieron impedir el movimiento de los soldados y los mantuvieron retenidos como forma de protesta y también como un mensaje de rechazo a la presencia militar en la zona.

Durante los días de retención, familiares de los militares y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron preocupación por la integridad de los uniformados, temiendo que la situación pudiera escalar a un secuestro prolongado o a un episodio de violencia mayor. La intervención de los organismos humanitarios fue clave para asegurar que la entrega se realizara sin condiciones y sin que se produjeran nuevos enfrentamientos.

El Defensor del Pueblo destacó que este hecho debe interpretarse como una advertencia sobre la compleja situación humanitaria en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta, donde persisten disputas territoriales entre diferentes actores armados ilegales. Asimismo, reiteró el llamado al respeto por el derecho internacional humanitario, recordando que las retenciones de miembros de la fuerza pública por parte de civiles o grupos insurgentes constituyen una violación grave que no puede repetirse.

El Gobierno Nacional confirmó que los militares liberados ya fueron trasladados a instalaciones seguras y se encuentran en buen estado de salud, aunque recibirán acompañamiento médico y psicológico tras los días de presión vividos en la selva. Desde la Casa de Nariño se expresó un agradecimiento a los organismos internacionales que colaboraron en la mediación, al tiempo que se anunció la apertura de investigaciones judiciales para esclarecer quiénes promovieron y participaron en la retención ilegal de los soldados.

Este episodio, aunque cerrado con la liberación de los uniformados, deja en evidencia los enormes desafíos que enfrenta el Estado colombiano para consolidar la seguridad y la presencia institucional en regiones apartadas del país, donde la población civil continúa atrapada entre la confrontación de actores armados y la débil capacidad de respuesta de las autoridades. Para los analistas, lo ocurrido en Guaviare demuestra que, a pesar de los esfuerzos de paz, las disidencias de las FARC siguen siendo una amenaza latente que utiliza el control social sobre las comunidades como estrategia para resistir la ofensiva militar y mantener sus corredores de movilidad en la Amazonía.

El episodio ha reabierto además el debate nacional sobre la necesidad de replantear la política de seguridad en zonas rurales, reforzar los programas de inversión social y establecer canales de diálogo que permitan reducir el riesgo para la población civil, que a menudo se ve obligada a tomar partido o actuar bajo presión de los grupos armados ilegales. Mientras tanto, los 33 militares liberados simbolizan un alivio para sus familias y para las fuerzas armadas, pero también representan un recordatorio de que la guerra en Colombia, aunque menos visible que en años anteriores, aún no ha terminado.