El comentario de Petro sobre Epa Colombia y su solicitud para aplicar la Ley 2292 a Daneidy Barrera (Epa Colombia) ha causado un fuerte debate jurídico, ya que esta ley se refiere a la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la pena privativa de la libertad, como la reparación del daño y otras penas menos severas. La solicitud del presidente planteaba la posibilidad de que Epa Colombia, quien fue condenada por vandalismo durante las protestas de 2019, pudiera beneficiarse de estas alternativas, argumentando que la sanción debería ser más leve por su situación social y de protesta.

El debate surge porque muchos argumentan que la ley no está diseñada para aplicarse a todos los casos de manera indiscriminada, especialmente en un contexto donde el daño causado por los hechos en los que estuvo involucrada Epa Colombia fue significativo. Los opositores de la medida señalan que la Ley 2292 tiene limitaciones claras y debe aplicarse con base en circunstancias específicas, como la gravedad del delito y la responsabilidad individual.

Desde el punto de vista legal, se discute si el presidente tiene la facultad de intervenir en casos judiciales de esta manera, o si su intervención podría considerarse una presión sobre el poder judicial. Además, algunos sostienen que la aplicación de esta ley en un caso tan polémico podría sentar un precedente peligroso, ya que podría interpretarse como un trato preferencial por razones políticas o sociales.

Por otro lado, quienes defienden la postura del presidente argumentan que la Ley 2292 busca ofrecer una segunda oportunidad a personas que, como Epa Colombia, pueden tener circunstancias personales que las llevaron a actuar de esa manera. A su vez, abogan por un enfoque de justicia restaurativa, que favorezca la rehabilitación y reintegración en lugar de la penalización extrema.

Este caso ha sacado a relucir las tensiones entre la justicia penal, la política y el tratamiento de las personas que participan en protestas o en actos de desobediencia social, planteando preguntas sobre el equilibrio entre la justicia y la equidad en el trato a los ciudadanos.

Esta mujer, al ser madre cabeza de familia esta resguardada por la ley que hizo aprobar en el congreso nuestro ministro progresista de justicia, Nestor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de justicia ante el INPEC, aplicar la ley. https://t.co/pm92V1RZJ3

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2025