El abogado William Quintero presentó ante el Consejo de Estado una demanda para que se le declare la pérdida de investidura a la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta.

La senadora Isabel Zuleta, una de las figuras más radicales del Pacto Histórico, enfrenta una nueva y grave acusación que podría significar su salida definitiva del Congreso. El abogado William Quintero radicó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la pérdida de investidura de la congresista por supuestos actos de tráfico de influencias, extralimitación de funciones e intromisión indebida en asuntos penitenciarios.

La acción judicial tiene como base una resolución del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), revelada por la revista Semana, en la que se evidencia que fue la misma senadora quien solicitó el traslado de al menos nueve detenidos para que participaran en el controversial evento político liderado por el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, conocido como el “tarimazo”.

Según el demandante, Zuleta no tenía competencia ni facultades legales para gestionar traslados de privados de la libertad, lo cual —en su calidad de congresista y coordinadora de paz urbana— representa una “extralimitación en sus funciones” y una “intromisión indebida” en el funcionamiento del aparato estatal. Además, señala que estas gestiones pudieron tener un fin político, pues beneficiarían su imagen en búsqueda de una futura reelección.

“La senadora transgrede el ordenamiento jurídico y afecta el normal desempeño de los funcionarios públicos, prevaleciéndose de su investidura para obtener réditos personales y políticos”, sostuvo Quintero en la demanda.

Pero esta no es la única acción contra Zuleta. También se le señala por presuntamente haber interferido con la Policía Nacional para evitar la captura de miembros de la banda criminal La Terraza, que hoy negocia con el Gobierno en la mesa de paz urbana de Itagüí. Dicha información fue remitida por la Alcaldía de Medellín a la Fiscalía para que evalúe la posible apertura de una investigación penal.

Pese a las denuncias, la senadora ha defendido su actuar y ha recibido respaldo público del presidente Gustavo Petro, quien ha reiterado su apoyo al proceso de paz urbana. Sin embargo, el escándalo sigue creciendo y podría dejar a Zuleta fuera del Congreso, enfrentando la llamada muerte política, que la inhabilitaría de por vida para ejercer cargos de elección popular.