En lo que va del 2025, el presidente Gustavo Petro ya acumula 21 alocuciones presidenciales en cadena nacional, una cifra que ha despertado un intenso debate en el país sobre el uso y la frecuencia de estas intervenciones. Para algunos, se trata de un ejercicio legítimo de comunicación directa con los colombianos; para otros, es un abuso del espacio público que bordea en propaganda política.
Las alocuciones, transmitidas por todos los canales de televisión y emisoras radiales del país, han tenido como eje central los grandes proyectos del Gobierno: la reforma pensional, la transición energética, la crisis de seguridad en varias regiones, los conflictos sociales y la defensa de su gestión frente a las críticas. Petro ha defendido su estilo como un mecanismo pedagógico que le permite explicar al ciudadano común los avances de su administración y las razones detrás de cada medida.
Sin embargo, la cantidad de intervenciones ha generado cuestionamientos. Opositores y analistas de medios advierten que el presidente estaría utilizando un espacio institucional para fines políticos, convirtiendo la televisión pública en un escenario de campaña permanente. “No puede confundirse la rendición de cuentas con el proselitismo. Una cosa es explicar reformas y otra es usar la cadena nacional para confrontar opositores”, señalaron desde algunos sectores del Congreso.
El debate no es nuevo en Colombia. Presidentes como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque también recurrieron a las alocuciones, especialmente en coyunturas de crisis o momentos clave de sus mandatos. Sin embargo, la cifra alcanzada por Petro en apenas ocho meses del 2025 supera con amplitud los promedios de sus antecesores. Según datos comparativos, Santos promediaba entre 5 y 7 alocuciones por año, mientras que Uribe llegaba a un número similar en situaciones excepcionales.
Para expertos en comunicación política, este estilo de comunicación directa refleja la apuesta de Petro por hablarle al país sin intermediarios. “Es parte de su ADN político: confrontar, explicar y marcar agenda a través de su propia voz. El problema es que la reiteración puede generar saturación y pérdida de impacto”, explicó un analista consultado.
Desde la Casa de Nariño, por su parte, la defensa es clara: las alocuciones son un derecho constitucional del presidente y un deber frente al pueblo colombiano. Funcionarios del alto gobierno aseguran que la prioridad es “informar de primera mano” sobre las decisiones que afectan al país, en un contexto de polarización y desinformación en redes sociales.
Lo cierto es que, mientras avanza el año legislativo y se tramitan las grandes reformas en el Congreso, todo apunta a que Petro mantendrá su estrategia de comunicación constante a través de las alocuciones. Esto significa que la discusión seguirá abierta: ¿se trata de un ejercicio democrático que acerca al presidente a los ciudadanos, o de un exceso que desgasta la figura presidencial y erosiona la institucionalidad?
En medio de esta tensión, lo que queda claro es que las 21 alocuciones de Petro en 2025 no solo han marcado la agenda política y mediática, sino que también se han convertido en un nuevo campo de batalla entre el Gobierno y sus críticos, con la opinión pública como principal juez.
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