El escándalo tomó fuerza luego de un informe difundido en medios internacionales que recogió testimonios de analistas y exfuncionarios de inteligencia, quienes aseguran que estructuras cercanas al chavismo habrían facilitado recursos a la campaña del actual presidente colombiano a través de canales irregulares. Según las denuncias, parte de esos fondos habrían sido movilizados por miembros del Cartel de los Soles, organización señalada por Estados Unidos de ser uno de los principales actores del tráfico de cocaína en América Latina.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya investiga los posibles excesos de la campaña de Petro en materia de financiación, tras concluir que se superaron los topes legales en más de $3.500 millones de pesos. Sin embargo, las nuevas acusaciones van mucho más allá: no solo hablarían de dineros no reportados, sino también de la supuesta intervención de estructuras extranjeras vinculadas al régimen venezolano.

La oposición en Colombia no tardó en reaccionar. El senador Miguel Uribe Londoño calificó el caso como “la evidencia de que el proyecto del Pacto Histórico está manchado por dineros oscuros” y pidió a las autoridades internacionales investigar si existieron conexiones con el narcotráfico transnacional. La senadora Paloma Valencia también arremetió contra el Gobierno, asegurando que “si se comprueba que el Cartel de los Soles financió la campaña de Petro, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de la historia política colombiana”.

Desde el oficialismo, en cambio, rechazan las acusaciones y las consideran parte de una “guerra sucia” contra el presidente. El senador Iván Cepeda sostuvo que no existe evidencia concreta y que se trata de una narrativa construida para deslegitimar al Gobierno. “Ya vivimos el Proceso 8.000, sabemos lo que significa la manipulación mediática y judicial en medio de la política. No vamos a permitir que se use un fantasma internacional para atacar el proyecto democrático que representa Gustavo Petro”, afirmó.

El propio presidente respondió a las denuncias desde la Casa de Nariño. En un breve pronunciamiento dijo: “Jamás he recibido un peso de organizaciones criminales. Quieren destruir lo que hemos construido con mentiras, pero el país sabe que nuestra campaña fue transparente y ajustada a la ley”. Petro, además, recordó que los informes financieros de su campaña fueron entregados y auditados por las autoridades electorales en su momento.

El tema ha tenido eco internacional. En Washington, voceros del Departamento de Estado señalaron que siguen “con atención” las denuncias y recordaron que el Cartel de los Soles es considerado por EE.UU. como una de las mayores amenazas de seguridad en la región. En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro calificó las acusaciones como un “nuevo intento de manipulación imperialista” y defendió la legitimidad del proceso electoral colombiano.

Expertos en geopolítica advierten que, más allá de la veracidad de los señalamientos, el solo hecho de que se vincule a la campaña de un presidente en ejercicio con una organización de narcotráfico internacional es un golpe fuerte a la credibilidad de Colombia en el escenario global. Además, revive los fantasmas de antiguos escándalos como el Proceso 8.000 en los años 90, cuando se probó que dineros del Cartel de Cali ingresaron a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper.

En Colombia, la ciudadanía observa con escepticismo. Mientras algunos sectores creen que el escándalo es una estrategia de la oposición para golpear al Gobierno, otros consideran que debe llegarse hasta el fondo sin importar las consecuencias, dado que está en juego la legitimidad del sistema democrático.

Por ahora, la investigación formal en el CNE se centra en la violación de topes electorales, pero la presión política y mediática hace que cada vez más voces exijan abrir un capítulo específico sobre los presuntos aportes del Cartel de los Soles. De confirmarse, el escándalo podría tener repercusiones históricas, aunque analistas recuerdan que sancionar directamente a un presidente en ejercicio es un escenario jurídicamente improbable.

Mientras tanto, la controversia sigue creciendo y amenaza con convertirse en uno de los principales ejes de la campaña presidencial de 2026. El futuro político de Petro y de su coalición dependerá, en buena medida, de cómo evolucione este caso y de si las instituciones logran esclarecerlo con rigor y transparencia.