El abogado de la familia del congresista Miguel Uribe denunció públicamente lo que calificó como una intromisión indebida del presidente Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la versión del jurista, el mandatario habría intervenido de manera directa en un caso que involucra al senador y a su entorno familiar, intentando ejercer presión sobre el organismo internacional.

La denuncia se da en medio de un contexto de alta tensión política, en el que las diferencias entre el Gobierno y sectores de oposición han escalado a un nivel internacional. El abogado aseguró que Petro no solo habría expresado opiniones sobre el proceso que se adelanta en la CIDH, sino que además estaría enviando mensajes que buscan influir en la interpretación de las denuncias presentadas por la familia Uribe. A su juicio, esta actuación compromete la imparcialidad de un organismo que debe mantenerse al margen de presiones de los gobiernos nacionales.

La familia de Miguel Uribe, quien se ha posicionado como uno de los críticos más fuertes del actual Gobierno, recibió la noticia con preocupación y pidió garantías de independencia y respeto en los trámites internacionales. Para ellos, cualquier intervención de Petro constituye un intento de deslegitimar las reclamaciones que han elevado ante la CIDH y un ataque directo a sus derechos como ciudadanos.

El presidente Petro no ha respondido de manera directa a estas acusaciones, aunque desde la Casa de Nariño se ha filtrado que el mandatario considera legítimo participar en escenarios internacionales cuando se discuten temas que afectan al país. Sin embargo, el carácter personal del caso ha hecho que la controversia crezca rápidamente y se convierta en un nuevo frente de críticas contra el jefe de Estado.

La oposición no tardó en reaccionar. Varios congresistas denunciaron que lo ocurrido refleja una estrategia del Gobierno para debilitar las voces críticas, no solo en el escenario nacional, sino también en instancias internacionales. Argumentaron que, de confirmarse la intervención de Petro, se estaría configurando un “abuso de poder” con graves repercusiones para la institucionalidad democrática.

Por su parte, analistas políticos advirtieron que este episodio representa un riesgo para la credibilidad del Estado colombiano ante la CIDH y otros organismos multilaterales. La independencia de los procesos internacionales es un principio básico del sistema interamericano, y cualquier sospecha de presión puede poner en entredicho la transparencia de las decisiones que allí se adopten.

La familia de Miguel Uribe ha reiterado que continuará su lucha jurídica en los escenarios que correspondan, sin dejarse intimidar por lo que consideran una estrategia de hostigamiento político. El abogado insistió en que, si bien el presidente tiene derecho a expresar opiniones, no puede utilizar su investidura para tratar de influir en procedimientos que involucran a adversarios políticos.

El caso, además, reaviva las tensiones históricas entre el petrismo y sectores del uribismo, que han trasladado su confrontación más allá de las fronteras nacionales. Mientras tanto, la CIDH aún no se pronuncia oficialmente sobre la denuncia de presunta intromisión, lo que mantiene abierta la expectativa sobre si este organismo adoptará alguna medida para blindar el proceso en cuestión.

En un momento en el que Colombia enfrenta cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos y garantías democráticas, la acusación contra el presidente Petro añade una capa de complejidad al panorama político. Lo que para algunos es un intento legítimo de defender al Estado en foros internacionales, para otros constituye un grave abuso de poder que erosiona la confianza en la imparcialidad de la justicia internacional.

La polémica promete continuar, pues tanto la familia de Miguel Uribe como la oposición han dejado claro que no dejarán pasar lo que consideran una maniobra del presidente para desviar el curso de un caso delicado. El desenlace de este episodio dependerá en gran medida de la respuesta de la CIDH, que se encuentra en el centro de la controversia y que deberá demostrar, una vez más, su independencia frente a los gobiernos de turno.