Bogotá, 15 de octubre de 2025 – Autoridades nacionales investigan un posible plan para atentar contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el contralor general de la República Carlos Hernán Rodríguez. Ante la gravedad de la amenaza, sus esquemas de seguridad han sido reforzados de inmediato.

La alerta provino de informes de inteligencia que habrían llegado recientemente al presidente de la República, quien ordenó activar los protocolos de protección correspondientes. Custodios del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encuentran coordinando las nuevas medidas.

Según fuentes oficiales, las amenazas apuntan a un plan “articulado” cuya finalidad podría ser generar inestabilidad política en el país, y posiblemente atribuir responsabilidades al Gobierno nacional si los hechos se concretan. Se maneja entre las hipótesis preliminares que podrían estar involucrados exmiembros de la Fuerza Pública en retiro, aunque este extremo aún está en fase de verificación.

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por el riesgo que representan estos hechos, en especial para mujeres que ejercen funciones políticas, ya que caracterizan este episodio como un grave atentado contra los derechos fundamentales: la vida, la integridad personal y el libre ejercicio de la política. También advirtió que si no se actúa con rapidez, podría haber un daño serio a la democracia.

La alerta motivó reuniones urgentes entre los tres funcionarios con representantes de los organismos de seguridad, quienes les transmitieron detalles sobre las amenazas identificadas y las acciones que se adelantan para protegerlos.

Desde distintos sectores políticos también hubo reacciones de condena. El partido Alianza Verde, al que pertenece Juvinao, solicitó que las autoridades mantengan la efectividad del esquema de protección y que la investigación avance sin demora. Otros movimientos y voces públicas recalcaron que estos casos revelan la magnitud de los riesgos que enfrentan quienes ejercen control político o representan funciones de vigilancia institucional.

Las autoridades competentes hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca los detalles del plan, identifique a los responsables, y en caso de confirmarse amenazas reales, proceda a judicializar los implicados. Mientras tanto, la población observa con preocupación este episodio en un contexto electoral donde la seguridad de líderes políticos se ha convertido en tema central.