Bogotá, 3 de septiembre de 2025 – En la recta final de su mandato, el presidente Gustavo Petro presentó una ambiciosa propuesta de reforma tributaria que busca ampliar de manera significativa la carga impositiva en varios sectores estratégicos de la economía colombiana. El objetivo central es garantizar recursos frescos para sostener los programas sociales, reducir el déficit fiscal y financiar el presupuesto de 2026, que asciende a 557 billones de pesos.

La iniciativa contempla un recaudo estimado de 26,3 billones de pesos, cifra que supera con creces los cálculos iniciales del Gobierno y que ha despertado un intenso debate en el Congreso. Entre las medidas más llamativas se encuentran impuestos adicionales a las entidades financieras, gravámenes a las plataformas digitales extranjeras, ajustes en el impuesto al patrimonio, mayores cargas a la explotación de combustibles fósiles y tributos específicos para actividades consideradas de lujo, como ciertos eventos culturales y deportivos de alto costo.

El presidente ha defendido la reforma asegurando que no tocará la canasta básica familiar y que los hogares más vulnerables estarán protegidos. Según el Gobierno, la estructura tributaria se aplicará de manera progresiva entre 2026 y 2028, con el fin de no golpear de forma inmediata la economía de los ciudadanos ni de los sectores productivos.

La oposición, sin embargo, ha criticado la iniciativa argumentando que es un golpe a la inversión privada y que puede desincentivar la recuperación económica. Varios congresistas han advertido que la propuesta llega en un momento de fuerte desaceleración, lo que podría agravar la situación de empleo y consumo en el país. Incluso algunos sectores aliados del oficialismo han expresado dudas frente a la magnitud del recaudo proyectado y la viabilidad política de su aprobación.

En paralelo, organismos internacionales y calificadoras de riesgo han mostrado preocupación por el creciente déficit fiscal de Colombia, que este año podría superar el 7 % del PIB. La reforma es vista como una respuesta urgente, aunque no exenta de polémica, en un contexto de incertidumbre económica y de tensiones políticas que marcan el cierre del gobierno Petro.

La discusión en el Congreso será decisiva y marcará la agenda del país en los próximos meses. Para unos, la propuesta es necesaria para asegurar estabilidad y cumplir compromisos sociales; para otros, representa una carga excesiva en un momento de fragilidad económica. Lo cierto es que este nuevo intento de reforma tributaria se convierte en una de las apuestas más arriesgadas y trascendentales del actual gobierno.