El Gobierno de Colombia reiteró que actualmente desarrolla una política integral contra las drogas, con un enfoque que trasciende las medidas represivas y que busca atacar de manera estructural las causas que sostienen el narcotráfico en el país. La Cancillería, en representación del Estado, aseguró que la estrategia nacional se fundamenta en la protección de la vida, la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz territorial y la cooperación internacional como pilares esenciales para enfrentar un problema que por décadas ha marcado la historia social, política y económica del país.

Según lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la lucha contra las drogas no puede seguir centrada únicamente en indicadores de incautaciones o erradicación forzada, sino que debe incorporar dimensiones más amplias, como la prevención del consumo, la atención en salud pública, la sustitución de cultivos ilícitos con proyectos de desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la seguridad en regiones apartadas y la protección de ecosistemas estratégicos afectados por la producción de estupefacientes. En ese sentido, la política antidrogas que impulsa el Gobierno ha sido presentada como un esfuerzo coordinado entre diferentes instituciones del Estado y como un modelo que pretende involucrar directamente a las comunidades en la construcción de soluciones.

La Cancillería destacó que en los últimos meses se han obtenido resultados importantes, entre ellos un incremento notable en las incautaciones de cocaína y otras sustancias ilícitas, la destrucción de laboratorios clandestinos y la neutralización de rutas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales. A esto se suma la creación de espacios de diálogo con campesinos y pobladores de zonas históricamente golpeadas por el conflicto, quienes participan en la formulación de planes de sustitución de cultivos y en proyectos productivos que buscan brindar alternativas económicas reales y sostenibles.

No obstante, la entidad reconoció que persisten retos significativos que exigen mayores esfuerzos. Entre ellos se encuentran las dificultades para garantizar la presencia integral del Estado en territorios remotos, la presión ejercida por grupos armados ilegales que se benefician de la economía cocalera y la limitada financiación para implementar de manera eficaz los programas de sustitución y desarrollo rural. A pesar de estos obstáculos, el Gobierno insiste en que el enfoque actual constituye un cambio de paradigma frente a estrategias anteriores que se concentraron casi exclusivamente en la represión y la erradicación.

En el escenario internacional, Colombia ha llevado este debate a organismos multilaterales y espacios de cooperación regional, defendiendo la necesidad de replantear la forma en que se mide el éxito en la lucha contra las drogas. La Cancillería ha insistido en que la comunidad internacional debe valorar también los avances en reducción de daños, en la protección de los derechos humanos, en la rehabilitación de consumidores y en el fortalecimiento de la paz territorial. De igual manera, ha planteado que los países consumidores asuman una mayor responsabilidad y brinden apoyo financiero y técnico a las naciones productoras, pues de lo contrario los esfuerzos seguirán siendo insuficientes.

El Gobierno colombiano considera que la política integral contra las drogas debe proyectarse como un compromiso de Estado y de sociedad, en el que confluyan la seguridad, la justicia, la salud, la educación y la protección ambiental. Con este discurso, Colombia busca posicionarse ante el mundo como un país que no solo enfrenta un problema de seguridad, sino que además promueve un modelo más humano, inclusivo y sostenible para combatir un fenómeno global que sigue siendo uno de los mayores desafíos de la región.