La paz en Colombia pende de un hilo cada vez más delgado. El debate entre confiar en el diálogo o responder con una fuerza militar robusta se profundiza en un clima de creciente violencia y deslegitimación, donde se advierte que “puede correr mucha sangre”. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado impulsar una estrategia de “paz total” con conversaciones simultáneas con múltiples grupos armados, incluyendo disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Sin embargo, estos procesos de negociación no han logrado frenar una ola de ataques coordinados, secuestros y atentados que vuelven a transformar al país en un territorio de choque constante.

En regiones como Cali y Antioquia, remecidas por atentados recientes, las acciones violentas incluyen un camión bomba frente a una escuela militar y el derribo de un helicóptero policial con drones. Estas ofensivas han dejado casi veinte personas fallecidas y más de sesenta heridas, confirmando la presencia de guerrillas tecnificadas y una compleja transferencia de terror territorial.

El incremento de la violencia coincide con una respuesta militar masiva. El gobierno ha ordenado una ofensiva para recuperar el control territorial, desplegando dieciséis mil nuevos efectivos en las zonas más críticas del narcotráfico y la minería ilegal. Esta operación, encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, busca confrontar directamente a los grupos armados ilegales y sus estructuras criminales.

El drama llegó a un punto extremo en el municipio de El Retorno, Guaviare. Tras combates contra la disidencia del Estado Mayor Central, murieron más de diez insurgentes y fue capturado un miembro clave. No obstante, treinta y cuatro militares fueron retenidos por civiles armados luego de que se opusieran a una evacuación; civiles que actuaron presionados por grupos ilegales y que exigían condiciones humanitarias, lo cual el Gobierno calificó como un secuestro con alto riesgo institucional.

Este cuadro se enmarca en una discusión diplomática y estratégica urgente. Voceros internacionales han advertido que no se puede trabajar únicamente en instaurar programas sociales sin enfrentar con firmeza la violencia. Destacan que hace falta combinar con delicadeza los canales de negociación con medidas militares efectivas, apoyo territorial e inversión económica equilibrada, para construir una paz real y sostenible.

Mientras tanto, las disidencias redoblan sus ofensivas y consolidan control en vastos territorios. Han reaparecido con capacidad operativa para atacar desde drones y explosivos caseros, expandiendo zonas de influencia mediante el control del narcotráfico y de las minas ilegales, especialmente en departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Huila y Caquetá.

Así, Colombia se encuentra atrapada entre dos pares de tensión: el diálogo que persigue acuerdos de paz y el despliegue militar que busca garantizar orden en territorios fuera del alcance del Estado. Este choque de estrategias no es solo una cuestión presupuestal o simbólica, sino una emergencia que amenaza con convertir al país nuevamente en un escenario de guerra prolongada. Y, como muchos advierten, con el riesgo de que efectivamente “pueda correr mucha sangre” si se mantiene esta delgada línea entre tregua y confrontación.