Colombia atraviesa una nueva tormenta política tras la denuncia de acoso sexual contra el presidente Gustavo Petro, interpuesta por una funcionaria que asegura haber sido víctima de un comportamiento inapropiado en público por parte del mandatario. El hecho, según versiones preliminares, habría ocurrido durante un evento oficial, lo que ha amplificado el escándalo al tratarse de un espacio institucional con presencia de testigos.

La denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad y protección, afirmó que Petro incurrió en actos que ella considera constitutivos de acoso sexual. La revelación, filtrada inicialmente a medios nacionales y replicada por líderes políticos de oposición, generó una ola de reacciones inmediatas, tanto en el Congreso como en organizaciones sociales, que exigen una investigación seria y sin privilegios.

Desde el Gobierno, la Casa de Nariño respondió con un comunicado en el que calificó las acusaciones de “infundadas” y las vinculó con una estrategia de desprestigio a pocos meses de que inicie de lleno la carrera electoral hacia 2026. Voceros oficiales recalcaron que el presidente está dispuesto a colaborar con cualquier investigación y advirtieron que no permitirán que “campañas de difamación” desestabilicen al Ejecutivo.

La oposición, en cambio, no tardó en capitalizar el escándalo. Dirigentes de distintos partidos aseguraron que la denuncia refleja un patrón de comportamiento preocupante y reclamaron la intervención inmediata de las autoridades judiciales. Para algunos congresistas, el caso podría convertirse en un “punto de no retorno” para la administración, ya que pone en entredicho no solo la figura de Petro, sino la legitimidad moral de su proyecto político.

Los colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos también se han pronunciado. Mientras unos exigen que se respete el debido proceso, otros insisten en que este tipo de denuncias deben investigarse con especial cuidado para garantizar la protección de la víctima. En redes sociales, el caso ya ha provocado intensos debates sobre la cultura del poder, la violencia de género y la responsabilidad de las figuras públicas frente a estos comportamientos.

Más allá de lo judicial, el impacto político es evidente. La denuncia llega en un momento crítico para el Gobierno, en el que Petro busca consolidar sus reformas sociales y, al mismo tiempo, preparar el terreno para un candidato de su confianza en las elecciones de 2026. Analistas advierten que, de prosperar la investigación, el mandatario podría enfrentar un debilitamiento de su capacidad de maniobra, lo que afectaría directamente la cohesión del Pacto Histórico y sus posibilidades de continuidad en el poder.

En este contexto, la agenda legislativa podría verse frenada, pues la oposición aprovecharía la coyuntura para bloquear proyectos y presionar políticamente al oficialismo. A su vez, el escándalo podría desgastar la imagen del presidente en sectores sociales que han sido fundamentales para su gobernabilidad, como los movimientos feministas, jóvenes y organizaciones de base.

El desenlace del caso dependerá de la rapidez y profundidad de las investigaciones. Si la justicia determina que hubo acoso, el panorama para Petro sería crítico no solo en el plano político, sino también en el institucional. En cambio, si la denuncia no prospera, el Gobierno buscará presentarlo como una victoria frente a lo que considera una campaña de desprestigio. En cualquier escenario, el tema ya ha dejado una huella profunda en la opinión pública y se perfila como uno de los capítulos más delicados de la actual administración.