El Gobierno de Colombia confirmó que aceptará reducir en 10 billones de pesos el presupuesto de gastos para el año 2026, luego de que la propuesta inicial fuera rechazada por un amplio sector del Congreso. El monto original ascendía a 557 billones de pesos, pero tras varias jornadas de negociaciones y discusiones políticas se acordó ajustar la cifra a 547 billones, en lo que representa una de las decisiones fiscales más importantes de los últimos meses. El anuncio estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que la medida busca garantizar un mayor consenso en el Legislativo y, al mismo tiempo, preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto económico que sigue siendo complejo.

La propuesta inicial había generado fuertes resistencias entre partidos opositores e incluso dentro de algunos sectores del oficialismo, que consideraban que el gasto proyectado era excesivo frente a la caída del recaudo tributario y los compromisos fiscales que ya enfrenta el país. La presión llevó al Ejecutivo a dar marcha atrás y aceptar un recorte que, según diversos analistas, impactará en la ejecución de algunos programas sociales y proyectos de inversión planeados para el próximo año. Sin embargo, el Gobierno insistió en que los ajustes no significarán un retroceso en la atención de las necesidades prioritarias, aunque sí obligarán a redefinir el alcance de ciertas partidas.

La decisión también tiene implicaciones directas sobre la reforma tributaria que acompañaba al presupuesto. En un inicio, el Ejecutivo esperaba recaudar 26,3 billones de pesos a través de nuevos impuestos y ajustes fiscales, pero con el recorte presupuestal ese objetivo se redujo a 16,3 billones. Para el Ministerio de Hacienda, esta modificación representa una medida responsable que refleja la realidad del país y busca evitar tensiones políticas que puedan frenar por completo la aprobación del presupuesto.

La aprobación final deberá darse en los próximos días en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, que tienen como plazo límite el 15 de septiembre para decidir sobre el monto definitivo. En el trasfondo de la negociación se mantiene la preocupación de varios sectores que advierten sobre los riesgos de un gasto estatal desbordado en un escenario de déficit y aumento de la deuda pública, lo que podría afectar la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas.

El presidente Gustavo Petro, quien ha defendido la importancia de mantener un fuerte gasto social como herramienta de redistribución y de lucha contra la desigualdad, enfrenta así un desafío político al ver limitado su margen de acción. Aun así, el Gobierno insiste en que el presupuesto recortado permitirá seguir avanzando en programas clave para las comunidades más vulnerables, aunque con un ritmo más ajustado al nuevo escenario fiscal.

La decisión de reducir el presupuesto para 2026 es interpretada por los analistas como una señal de pragmatismo político y un reconocimiento de los límites que impone la actual correlación de fuerzas en el Congreso. También se proyecta como un intento de recuperar confianza frente a sectores económicos y sociales que han expresado su preocupación por la viabilidad de los planes gubernamentales en medio de un panorama de inflación elevada y crecimiento moderado.