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Oposición

El café colombiano vive su mejor cosecha, pero el Gobierno y la Federación chocan por su futuro

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El presidente Gustavo Petro y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) protagonizan una nueva disputa que pone bajo la lupa el modelo cafetero colombiano. La controversia surge en un momento paradójico: mientras el país celebra una de las mejores cosechas en más de tres décadas, el Gobierno insiste en que la estructura actual del gremio está agotada y debe transformarse profundamente.

La producción nacional alcanzó cerca de 14,8 millones de sacos de café en el último año cafetero, un crecimiento superior al 17 % frente al ciclo anterior. Se trata del mejor resultado en más de treinta años, gracias a factores como la renovación de cafetales, la mejora en la asistencia técnica, el uso de variedades resistentes y un clima que favoreció la floración del grano. Este éxito ha sido celebrado por la Federación como prueba de la solidez del modelo gremial colombiano, que ha sostenido la reputación del café nacional en los mercados internacionales durante casi un siglo.

Sin embargo, el presidente Petro sostiene que esos logros esconden un problema estructural: un modelo que, según él, privilegia a los grandes exportadores y a las multinacionales por encima de los pequeños productores. El mandatario ha criticado que buena parte del café colombiano siga saliendo del país como grano sin procesar, sin generar el valor agregado que podría quedarse en el territorio. Petro considera que la Federación ha mantenido un sistema que no redistribuye de manera equitativa los beneficios del sector y ha advertido que el Fondo Nacional del Café, que maneja miles de millones en recursos, debe reestructurarse o desaparecer.

Durante varios discursos, Petro ha afirmado que el gremio cafetero necesita modernizarse y abrirse a una economía más justa y sostenible. Ha propuesto industrializar el café dentro del país, crear marcas locales fuertes y fomentar la producción artesanal con identidad regional. En su visión, la bonanza productiva no debe ser excusa para mantener un modelo que, a su juicio, ya cumplió su ciclo histórico.

La Federación, por su parte, ha respondido con firmeza. Sus directivos defienden la gestión del gremio como la razón principal de la estabilidad del sector en tiempos de crisis climática y económica. Aseguran que los resultados hablan por sí solos: un aumento sostenido de la producción, mayor exportación y presencia internacional del café colombiano en más de 60 países. También argumentan que el modelo solidario de la FNC ha permitido sostener a cientos de miles de familias caficultoras en zonas rurales, ofreciendo asistencia técnica, acceso a créditos, programas de renovación y apoyo a las comunidades más vulnerables.

Pese a los resultados positivos, algunos productores independientes reconocen que la bonanza no se ha traducido en mayores ingresos. El aumento en los costos de producción, los precios del transporte, los fertilizantes y la volatilidad del dólar siguen afectando los márgenes de ganancia de los pequeños caficultores. Muchos aseguran que la bonanza se concentra en manos de quienes tienen acceso a mercados directos, certificaciones o contratos de exportación a gran escala, mientras los campesinos de regiones apartadas siguen vendiendo su grano a precios bajos.

El debate entre el Gobierno y la Federación refleja una tensión más profunda: la necesidad de decidir si el modelo cafetero tradicional —basado en la exportación del grano verde y el control centralizado de los recursos— puede seguir siendo sostenible en el futuro. Para Petro, la respuesta es clara: el país debe aprovechar su posición global para transformar la cadena productiva, apostar por la industrialización local y garantizar que el valor del café beneficie directamente a quienes lo cultivan. Para el gremio, en cambio, cualquier cambio radical podría poner en riesgo la estabilidad de una de las industrias más emblemáticas de Colombia.

El café colombiano vive una época de esplendor productivo, pero también de encrucijada política y económica. Lo que está en juego no es solo el precio del grano o la cifra de exportaciones, sino el rumbo del campo colombiano y la manera en que el país entiende su relación con uno de sus productos más simbólicos. Si el Gobierno y la Federación logran encontrar un punto de equilibrio, esta podría ser la mejor cosecha no solo en volumen, sino también en transformación social. Pero si la disputa se prolonga, el riesgo es que el aroma del café colombiano se mezcle con la amargura de la división interna.

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