La designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad ha desatado una tormenta política y mediática que no cesa de crecer. Con tan solo 23 años, Guerrero se convirtió en uno de los rostros más jóvenes en ocupar un cargo de alto nivel en el Gobierno nacional. Sin embargo, lejos de celebrarse como un ejemplo de renovación y representación de la juventud, su nombramiento ha levantado fuertes críticas debido a presuntas inconsistencias en su formación académica y a la falta de cumplimiento de requisitos que establece la ley para acceder a este tipo de responsabilidades.

El debate se encendió cuando se reveló que la joven funcionaria aún no contaba con el título profesional necesario para ocupar el cargo, requisito indispensable en el sector público. Además, carecía del examen Saber Pro, una prueba obligatoria para la culminación de los estudios de educación superior en Colombia. Estos hechos fueron interpretados por diversos sectores como un acto de improvisación y de irrespeto a las normas de meritocracia. La controversia escaló rápidamente en redes sociales, donde se cuestiona la decisión del Ministerio de Igualdad y se exige claridad sobre los criterios que guiaron su selección.

La oposición ha utilizado el caso como un ejemplo de la falta de rigor en algunos nombramientos del Gobierno. Parlamentarios de diferentes corrientes han manifestado que lo ocurrido es un golpe a la credibilidad institucional, pues consideran inadmisible que un viceministerio quede en manos de alguien que no cumple con los requisitos mínimos. Para muchos críticos, el problema no se centra únicamente en la figura de Juliana Guerrero, sino en el precedente que puede sentar esta decisión en un país donde los jóvenes luchan constantemente por acceder a educación de calidad y oportunidades laborales.

Desde el oficialismo, algunos defensores de Guerrero aseguran que su juventud no debe ser vista como una debilidad, sino como un valor agregado. Argumentan que la cercanía con las problemáticas de las nuevas generaciones la hace una voz legítima para representar sus intereses en el Gobierno. Además, destacan su activismo en organizaciones juveniles y sociales, lo cual le habría permitido acercarse a los territorios y comprender de primera mano las dificultades de acceso a empleo, educación y participación política que enfrenta la población joven en Colombia.

En medio de la polémica, trascendió que el Ministerio de Igualdad estaría preparando un decreto para flexibilizar algunos de los requisitos de acceso a ciertos cargos, lo que ha generado aún más suspicacias. Para sectores críticos, esto equivaldría a “cambiar las reglas de juego” con el fin de justificar un nombramiento ya cuestionado, lo cual podría abrir la puerta a nuevos cuestionamientos sobre la legalidad y la transparencia en la administración pública.

El caso también ha puesto en el centro de la discusión el papel de la juventud en la política nacional. Mientras algunos sectores consideran que la llegada de figuras jóvenes a cargos de liderazgo es una señal positiva de inclusión y renovación, otros advierten que no puede convertirse en un pretexto para flexibilizar la preparación y la idoneidad que exige el servicio público. El debate, en ese sentido, trasciende a la persona de Guerrero y toca un tema más amplio: la necesidad de encontrar un equilibrio entre la inclusión generacional y la exigencia de cumplir con estándares mínimos de preparación profesional.

En el Congreso, algunos partidos ya anunciaron que impulsarán debates de control político para revisar la idoneidad de los nombramientos dentro del Ministerio de Igualdad y, particularmente, el caso de la viceministra de Juventudes. Por su parte, sectores académicos han solicitado al Ministerio de Educación y a los entes de control que se pronuncien sobre las presuntas irregularidades, con el fin de determinar si existió un incumplimiento legal en el proceso de designación.

Juliana Guerrero, en medio de la tormenta mediática, se ha mantenido en gran parte en silencio. Sus pocos pronunciamientos han sido para agradecer la confianza depositada en ella y asegurar que trabajará por los jóvenes del país. No obstante, la presión política y social continúa aumentando, y su permanencia en el cargo parece pender de un hilo. El desenlace de esta historia podría marcar un precedente importante en la forma como Colombia concibe la participación de los jóvenes en el poder, y en el debate sobre si la experiencia y la formación académica deben ser requisitos ineludibles o si es posible flexibilizarlos para dar espacio a nuevas generaciones.