El embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, condenó con dureza los más recientes actos terroristas que han golpeado al país en las últimas semanas, dejando un saldo de al menos 18 muertos y más de 60 heridos en distintas regiones. Desde Bogotá, el diplomático europeo envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y a sus familias, al tiempo que hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para que abandonen las armas y cesen de inmediato las acciones violentas que, según sus palabras, “prolongan el sufrimiento de comunidades enteras que ya han vivido demasiado tiempo bajo la sombra del conflicto”.

Bertrand recalcó que la Unión Europea mantiene un compromiso firme con la construcción de paz en Colombia, pero advirtió que los ataques recientes ponen en riesgo la confianza que se ha logrado en los procesos de diálogo que adelanta el Gobierno con varias estructuras armadas. “Condenamos en los términos más enérgicos los atentados registrados. La violencia nunca puede ser un camino legítimo para la reivindicación política. Colombia necesita más reconciliación, más justicia social y más oportunidades, no más víctimas inocentes. Llamamos a todos los actores armados a optar por el camino político y a demostrar con hechos su voluntad de paz”, señaló el embajador.

La declaración se da en un contexto complejo. En departamentos como Arauca, Cauca y Norte de Santander, la población civil ha sido blanco de ataques con explosivos y hostigamientos armados en las últimas semanas, generando desplazamientos masivos, miedo en las comunidades y un debilitamiento de la confianza hacia los procesos de paz que promueve el Gobierno nacional. La Unión Europea, que desde 2016 ha acompañado los esfuerzos de implementación del acuerdo de paz con las FARC y el diseño de nuevos diálogos, considera que la situación actual representa un “retroceso alarmante” en materia de seguridad y protección de derechos humanos.

El pronunciamiento del embajador fue recibido con respaldo por parte de organizaciones de derechos humanos en Colombia, que destacaron la importancia del acompañamiento internacional para presionar a los grupos ilegales y exigir mayor acción al Estado. “La comunidad internacional se convierte en un aliado fundamental cuando los actores internos no logran garantizar mínimos de seguridad. Este respaldo es un recordatorio de que Colombia no está sola, pero también un llamado al Gobierno para no bajar la guardia en su obligación de proteger a la población”, afirmó en un comunicado la ONG Humanidad Vigente.

El Gobierno colombiano, por su parte, agradeció la solidaridad expresada por la Unión Europea y reiteró que mantendrá los diálogos abiertos con los diferentes grupos armados, aunque insistió en que las Fuerzas Militares y la Policía responderán con toda la capacidad operativa frente a quienes persistan en atacar a la ciudadanía. “No vamos a renunciar al camino de la paz, pero tampoco permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado. El país tiene derecho a vivir en tranquilidad y vamos a hacer respetar ese derecho”, señaló el ministro de Defensa en una rueda de prensa.

Analistas políticos consideran que la condena de la Unión Europea refleja no solo una preocupación genuina por el aumento de la violencia, sino también una advertencia velada: los apoyos económicos y técnicos que Colombia recibe para su proceso de paz podrían verse afectados si los grupos armados no muestran avances concretos en la reducción de hostilidades. Además, se subraya que la comunidad internacional está atenta a que el Gobierno logre un equilibrio entre los esfuerzos de negociación y la capacidad de garantizar seguridad en el territorio.

El mensaje del embajador Bertrand se suma a los recientes pronunciamientos de la ONU, la OEA y diversas organizaciones internacionales que coinciden en señalar que los actos terroristas no solo destruyen vidas, sino que también socavan los principios democráticos y el Estado de derecho en Colombia. Para muchos observadores, la voz de Europa es particularmente relevante, ya que este bloque ha sido uno de los principales financiadores de programas de posconflicto, desarrollo rural y protección a víctimas.

En las regiones más golpeadas, las comunidades ven el pronunciamiento como un apoyo moral, aunque insisten en que los llamados internacionales deben traducirse en más presión política sobre quienes siguen empuñando las armas. Líderes sociales en el Cauca recordaron que mientras se habla de paz en las capitales, en sus territorios los enfrentamientos, las minas antipersonal y las amenazas son el pan de cada día. “Necesitamos que el mundo sepa lo que vivimos. Que no se nos olvide. Que nos ayuden a que los violentos entiendan que ya no más”, expresó un líder comunitario de Toribío.

La condena europea llega en un momento de definiciones para Colombia, en el que los diálogos de paz atraviesan una etapa crítica y el país busca evitar que el recrudecimiento del conflicto erosione la esperanza de reconciliación. En este contexto, la comunidad internacional sigue siendo un factor determinante para mantener la presión y al mismo tiempo respaldar los esfuerzos de un país que, pese a los golpes, aún insiste en que la paz es posible.