El Parlamento Europeo manifestó su preocupación por la situación política en Colombia luego de que varias intervenciones de altos funcionarios del Gobierno fueran calificadas como declaraciones incendiarias que podrían poner en riesgo la estabilidad institucional, los derechos humanos y la convivencia democrática. En una sesión reciente celebrada en Bruselas, distintos eurodiputados advirtieron que el tono adoptado por algunas autoridades colombianas excede los límites del debate político legítimo y podría tener repercusiones negativas tanto a nivel interno como en las relaciones internacionales del país. Según el pronunciamiento, la retórica utilizada por miembros del Ejecutivo y por voces cercanas al Gobierno habría incluido acusaciones directas contra opositores políticos, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, lo que, a juicio de los parlamentarios europeos, genera un clima de tensión y hostilidad que contradice los valores democráticos que Colombia ha defendido en su relación con la Unión Europea.

La preocupación radica no solo en el contenido de los mensajes, considerados por algunos sectores como agresivos o deslegitimantes, sino también en el efecto que pueden tener en una sociedad marcada por décadas de conflicto armado, violencia política y estigmatización de voces críticas. Para los eurodiputados, el uso de discursos que polarizan y señalan a comunidades o individuos en particular puede abrir la puerta a mayores riesgos de amenazas, hostigamientos y ataques contra quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad. En este contexto, el Parlamento Europeo reiteró que la defensa de los derechos humanos y la garantía de la libertad de expresión son condiciones indispensables para mantener una cooperación fluida con Colombia, recordando que gran parte de los programas de ayuda y financiamiento europeos en el país están vinculados a estos compromisos.

El debate en Bruselas reflejó posiciones diversas pero coincidió en un punto central: la necesidad de que el Gobierno colombiano modere el lenguaje de sus voceros oficiales y garantice que la confrontación política no se convierta en un instrumento de persecución o estigmatización. Algunos eurodiputados incluso plantearon que, de continuar esta situación, podrían revisarse mecanismos de apoyo y convenios de cooperación bilateral, lo cual tendría un impacto directo en proyectos de desarrollo rural, fortalecimiento institucional y protección de comunidades en riesgo.

Desde Bogotá, fuentes oficiales señalaron que el Gobierno mantiene su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos, pero defendieron a su vez el derecho de los funcionarios a expresarse públicamente frente a temas sensibles como la corrupción, la seguridad y la oposición política. Voceros cercanos al Ejecutivo argumentaron que las críticas europeas no deben interpretarse como un cuestionamiento directo a la institucionalidad colombiana, sino como una invitación a mantener un tono más prudente y constructivo en la comunicación gubernamental. No obstante, reconocieron que en algunos casos el lenguaje utilizado podría dar lugar a interpretaciones que intensifican la polarización, por lo que no descartaron la posibilidad de revisar los protocolos oficiales para el manejo de declaraciones públicas.

El pronunciamiento del Parlamento Europeo también fue respaldado por organizaciones de la sociedad civil en Colombia, que desde hace meses vienen alertando sobre el aumento de discursos hostiles contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varias ONG señalaron que, en un país donde la violencia política ha dejado miles de víctimas, el lenguaje de las autoridades no puede ser un factor que aumente la estigmatización ni que debilite los esfuerzos de reconciliación que todavía están en curso tras la firma del Acuerdo de Paz. Para estas organizaciones, la advertencia europea debe servir como un llamado de atención para que se fortalezcan las garantías de seguridad y participación de todos los sectores, sin distinción de ideología o posición frente al Gobierno.

En los próximos meses se espera que la Cancillería colombiana emita un comunicado oficial en respuesta a la preocupación expresada desde Bruselas, en el cual se detalle el alcance de las acciones que el país implementará para garantizar que el lenguaje institucional sea coherente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia. Mientras tanto, el tema continuará siendo objeto de seguimiento en la agenda bilateral entre Colombia y la Unión Europea, que mantiene en el país una amplia red de cooperación enfocada en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento del Estado de derecho y la construcción de paz.

El llamado del Parlamento Europeo refleja una creciente inquietud sobre la deriva política en Colombia y la forma en que el lenguaje utilizado desde el poder puede incidir en la estabilidad democrática. La discusión abre un nuevo capítulo en la relación diplomática con la Unión Europea, que seguirá observando con atención no solo las acciones de seguridad y política social del Gobierno colombiano, sino también el tono con el que se conduce la comunicación oficial hacia sus ciudadanos y hacia la comunidad internacional.