La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes 20 de octubre de 2026 que, desde el 31 de agosto pasado, abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia por el denominado ‘Pacto de Valledupar’.
La Fiscalía por competencia, compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que examine la posible responsabilidad del entonces presidente Gustavo Petro en los hechos investigados.
Según el ente acusador, el caso se relaciona con un supuesto acuerdo entre delegados del gobierno de Petro y exjefes paramilitares de las AUC, en el que se habría buscado que estos entregaran declaraciones en contra de figuras de la política nacional de cara a las elecciones presidenciales. Las reuniones se realizaron en octubre de 2025 en Valledupar, con la participación de funcionarios como la entonces directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el exministro del Interior, Armando Benedetti.
Las denuncias señalan que el propósito de esos encuentros, presentados oficialmente como parte del cierre del proceso de paz de Ralito, habría sido obtener testimonios que vincularan a Álvaro Uribe, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras con actividades paramilitares. Excomandantes como Salvatore Mancuso han afirmado públicamente que les solicitaron acusar a esas personas, aunque aseguraron que ninguno aceptó.
La Fiscalía indicó que avanza en actos urgentes para recuperar elementos materiales probatorios y evidencias que permitan establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados en las reuniones. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por estos mismos hechos.
Petro ha negado haber ordenado presiones para fabricar acusaciones y ha defendido que el espacio se creó mediante la Resolución 327 de 2025 con fines de verdad, reparación y cierre del proceso de paz. La Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá ahora evaluar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra el expresidente.