Bogotá, 4 de septiembre de 2025. La Fiscalía General de la Nación anunció que la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay será tratada bajo la figura de magnicidio, dada la relevancia política de la víctima y las posibles implicaciones en el orden institucional. Esta decisión abre una línea de investigación más amplia y rigurosa, en la que se buscará no solo identificar a los autores materiales del crimen, sino también establecer quiénes podrían estar detrás de la planeación y financiación del hecho.

Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático y una de las figuras más visibles de la oposición, fue asesinado el pasado 2 de septiembre en Bogotá en circunstancias aún no esclarecidas por completo. Según versiones preliminares, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba y dispararon en varias oportunidades. El hecho conmocionó al país y generó un fuerte rechazo en todos los sectores políticos, que coincidieron en exigir justicia inmediata y garantías de seguridad para los líderes públicos.

Con el nuevo enfoque de magnicidio, la Fiscalía ha dispuesto un equipo especializado que trabajará de manera coordinada con la Unidad de Derechos Humanos, la Policía Judicial y organismos de inteligencia del Estado. La medida implica que se investigará no solo la autoría directa del ataque, sino también los móviles políticos o económicos que pudieron haber motivado el crimen. De acuerdo con la entidad, se indagará si detrás del asesinato hubo intereses relacionados con decisiones legislativas recientes, disputas de poder o retaliaciones derivadas de su papel como opositor del Gobierno.

El presidente Gustavo Petro, al pronunciarse sobre el hecho, calificó el asesinato como “un ataque a la democracia” y expresó sus condolencias a la familia del senador. En su declaración oficial, hizo un llamado a la unidad nacional frente a la violencia política y reiteró la necesidad de fortalecer los esquemas de seguridad para congresistas y dirigentes sociales. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático y primo del fallecido, acusó al Gobierno de no brindar garantías suficientes para proteger a la oposición, lo que ha intensificado el clima de polarización en el país.

Miguel Uribe Turbay, de 38 años, era nieto del expresidente Julio César Turbay y había logrado construir una carrera política en ascenso. Fue concejal de Bogotá, secretario de Gobierno en la alcaldía de Enrique Peñalosa y se destacó como una de las voces más críticas frente a la administración de Gustavo Petro. Su asesinato se produce en un momento de alta tensión política, marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026 y por la disputa en torno a reformas clave en el Congreso.

El hecho revive en la memoria nacional los episodios más oscuros de la violencia política en Colombia, en los que líderes como Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo fueron asesinados en medio de procesos electorales decisivos. La calificación de magnicidio refleja la gravedad del ataque y el impacto que este puede tener sobre la estabilidad institucional del país.

Organizaciones internacionales como la ONU y la OEA ya se han pronunciado, instando a las autoridades colombianas a garantizar una investigación independiente, rápida y eficaz que evite la impunidad. Asimismo, movimientos sociales y ciudadanos han convocado marchas y homenajes en distintas ciudades del país para rechazar la violencia contra líderes políticos y exigir el respeto por la vida y la democracia.

La Fiscalía anunció que en los próximos días se darán a conocer avances preliminares de la investigación, pero dejó claro que no se descarta ninguna hipótesis. Mientras tanto, el Congreso de la República prepara un acto solemne en memoria de Miguel Uribe Turbay, cuyo asesinato deja un vacío en el debate político y un eco de incertidumbre en el futuro inmediato de la oposición colombiana.