En la madrugada del martes 14 de octubre de 2025, desconocidos interceptaron un vehículo identificado con propaganda de la campaña del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y le prendieron fuego en la vía que conecta los municipios de Chinácota y Toledo, entre Norte de Santander y la zona fronteriza con Arauca. Ese automóvil estaba siendo utilizado para la recolección de firmas necesarias para consolidar la candidatura.

Según los reportes, hombres armados obligaron a los ocupantes a descender del vehículo y luego lo incendiaron. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni personas lesionadas, pues los ocupantes lograron alejarse antes de que las llamas consumieran completamente el vehículo.

El comandante de la Policía de Norte de Santander confirmó que la investigación está en curso, pero hasta ahora no se han identificado a los responsables del ataque. En las versiones oficiales preliminares, se señala que podría tratarse de grupos armados que operan en esa zona del país, aunque ninguna agrupación se ha atribuido la acción.

El movimiento político de De la Espriella calificó el hecho como un acto de “intimidación política y violencia injustificable” y exigió a las autoridades una investigación rápida y eficiente. A su vez, pidió mayores garantías de seguridad para los equipos de campaña que recorren regiones con presencia de conflicto.

La reacción no se hizo esperar: el expresidente Álvaro Uribe, cercano al sector político de derecha, se pronunció expresando su solidaridad con De la Espriella y exhortando al Estado a fortalecer la seguridad de la oposición política. “Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, declaró Uribe en sus redes sociales.

Este episodio se suma al ambiente de tensión política que vive Colombia en tiempos preelectorales, donde el riesgo para quienes están en actividad pública ha ido escalando. La quema del vehículo deja preguntas abiertas sobre la protección de los procesos democráticos, la capacidad del Estado para garantizar seguridad y el papel de actores ilegales que buscan interferir con campañas políticas.