La retención de 45 soldados en el municipio de El Tambo, Cauca, mantuvo en alerta al país durante más de un día. Los militares fueron impedidos de salir de la zona por campesinos que protestaban contra las operaciones de erradicación manual de cultivos de coca.

El hecho puso en evidencia la delicada situación de seguridad en el departamento y la creciente inconformidad de las comunidades rurales frente a las políticas antidrogas del Gobierno.

Tras intensas conversaciones entre líderes comunitarios y autoridades, los soldados fueron liberados sin que se registraran enfrentamientos. El Ejército confirmó que todos regresaron sanos y salvos a sus unidades, aunque la tensión en la zona persiste.

El presidente Gustavo Petro se pronunció de inmediato. Celebró la liberación, pero advirtió que aún habría al menos siete uniformados en condición de secuestro en otro sector del Cauca. Según dijo, el episodio refleja la gravedad del conflicto en territorios donde la presencia del Estado es débil y los grupos armados ilegales ejercen presión sobre la población.

Los campesinos que participaron en la retención argumentaron que la coca sigue siendo su única fuente de sustento. Aseguraron que las operaciones de erradicación destruyen su economía sin ofrecer alternativas reales de sustitución. “No somos narcotraficantes, somos agricultores olvidados”, expresaron en medio de la protesta.

Ante esta situación, Petro planteó la posibilidad de reactivar la fumigación aérea con glifosato, suspendida hace años por sus impactos en la salud y el medioambiente. La propuesta encendió un debate inmediato: mientras algunos sectores la ven como una herramienta necesaria, otros la consideran un retroceso en materia de derechos humanos.

El episodio en El Tambo también abrió cuestionamientos sobre la seguridad de las tropas y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en zonas rurales. Para analistas, lo ocurrido es una muestra de la fractura entre las comunidades campesinas y las instituciones, alimentada por décadas de abandono estatal.

La liberación de los 45 soldados fue recibida con alivio, pero no resuelve el problema de fondo. Cauca sigue siendo un epicentro del conflicto por los cultivos ilícitos, donde confluyen intereses de campesinos, Ejército y grupos armados.

El reto para el Gobierno es inmenso: garantizar la seguridad de sus fuerzas, recuperar la confianza de la población y ofrecer alternativas económicas que permitan avanzar en la sustitución de la coca sin recurrir a medidas impuestas por la fuerza.

Lo ocurrido en El Tambo se suma a una serie de episodios similares en Putumayo, Nariño y Norte de Santander, donde militares han sido retenidos en protestas. La “paz total”, una de las banderas principales del Gobierno Petro, enfrenta así una de sus pruebas más duras en los territorios más afectados por el conflicto y la ilegalidad.