En Colombia, enseñar o estudiar en las zonas rurales puede equivaler a jugarse la vida. Desde 2020 se han documentado más de 600 agresiones contra instituciones educativas en departamentos como Cauca, Arauca, Norte de Santander y Chocó. Las modalidades de violencia son variadas: tiroteos que alcanzan las aulas, ocupación de escuelas por grupos armados, amenazas a maestros, extorsiones y, en casos extremos, reclutamiento forzado de menores.

Los más afectados son docentes rurales que, además de impartir clases, deben fungir como líderes comunitarios, orientadores y, en ocasiones, mediadores entre los grupos armados y la población. El costo psicológico es devastador: se estima que al menos una cuarta parte de los profesores en estas zonas sufre síntomas de estrés postraumático. Muchos han pedido traslados, otros se han visto obligados a huir, y algunos han sido asesinados por negarse a obedecer imposiciones de los actores ilegales.

La situación golpea con mayor dureza a mujeres y niñas, así como a comunidades indígenas y afrodescendientes. Las amenazas de violencia sexual y la presión para abandonar sus estudios se suman a las dificultades económicas y de transporte.

Aunque Colombia ha firmado la Declaración de Escuelas Seguras, el cumplimiento es insuficiente. En teoría, los colegios deberían estar libres de presencia militar y de operaciones armadas en sus alrededores, pero en la práctica, muchas veces las fuerzas de seguridad utilizan las instalaciones como refugios temporales, exponiéndolas a ataques.

Organizaciones de derechos humanos reclaman un plan integral que garantice transporte seguro, acompañamiento psicosocial y protección real para los educadores. También se exige más inversión en infraestructura escolar, ya que muchas instituciones funcionan en edificaciones precarias, sin condiciones para resistir emergencias.

El panorama revela un dilema de fondo: un país que intenta construir paz mientras permite que la violencia persista en las aulas más vulnerables. Si la educación es la base para romper los ciclos de guerra, proteger a maestros y estudiantes debería ser una prioridad nacional.