Un juez de segunda instancia ordenó que el hermano del exalcalde Daniel Quintero espere en prisión el proceso por el presunto desvío de recursos del Área Metropolitana. El exconcejal, una de las voces más duras contra esa administración en el Concejo, aseguró que la decisión confirma la gravedad de lo que denunció durante cuatro años.
Durante cuatro años, cuando cuestionar a la Alcaldía de Daniel Quintero se pagaba con insultos y tutelas, en ese entonces el concejal Sebastián López repitió en el recinto y en los pasillos que en Medellín se estaba gobernando por fuera de las reglas. Este viernes 30 de octubre, un juez le puso nombre propio a esa sospecha. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín revocó la casa por cárcel que el juez 27 de control de garantías le había concedido el 2 de octubre a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde, y ordenó que enfrente el proceso desde un centro carcelario. La razón: lo consideró un «peligro para la sociedad» y concluyó que su residencia no ofrecía controles suficientes para evitar que se repitieran las conductas que le atribuye la Fiscalía.
El expediente gira alrededor de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por $17.656 millones. Según la Fiscalía, en ellos se habrían pagado $2.481 millones en coimas, de los cuales $1.653 millones serían atribuibles a Quintero, imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El dato más inquietante es otro: sin cargo, contrato ni competencia en la entidad, el hermano del exalcalde habría influido en nombramientos, salidas de funcionarios y procesos contractuales a través de grupos de mensajería, contactos personales e intermediarios. Un exrepresentante de los bomberos declaró que por cada contrato se pedía hasta el 20 % de su valor, porcentaje que luego habría bajado al 15 %.
Ese poder sin firma es justamente lo que López venía señalando desde su curul. Elegido en 2019 y reelegido en 2023 con 42.444 votos, el concejal del Centro Democrático confrontó a la administración por el manejo de EPM, votó la moción de censura que sacó del cargo al secretario privado Juan David Duque y, cuando este lo demandó por sus denuncias, presentó ante el juez más de 150 publicaciones de prensa sobre corrupción en esa alcaldía; la tutela fue declarada improcedente. En septiembre de 2023 la tensión estalló frente a las cámaras: Quintero lo insultó en plena rueda de prensa y la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria. Y en febrero de este año, por orden judicial, el exalcalde tuvo que retractarse de haber dicho que López controlaba la Procuraduría.