Por: Carlos Felipe Mejía Mejía

Jamás imaginó el Libertador Simón Bolívar que su nombre y su espada serían utilizados por tiranos para someter al yugo comunista a los pueblos que él liberó. Nada más opuesto a la libertad que la dictadura que Chávez instauró en Venezuela y que Gustavo Petro intenta replicar en Colombia. En esta batalla por preservar la democracia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido un muro de contención, y por eso ha sufrido la más infame persecución judicial en la historia de nuestra nación, orquestada por una alianza perversa entre políticos corruptos, magistrados venales, narcos, paramilitares y las Farc.

Todo comenzó en 2002, cuando Uribe fue elegido presidente e impulsó su política de Seguridad Democrática, Confianza Inversionista y Cohesión social. Recuperamos la esperanza y vivimos los ocho años de mayor crecimiento, inversión y avances sociales de la historia. Esa política derrotó militarmente a las Farc y desbarató su proyecto comunista, apoyado por Chávez, Castro y el narcotráfico. Uribe logró la desmovilización de más de 45.000 combatientes paramilitares y guerrilleros, , redujo las hectáreas de coca de más de 100.000 a 43.000, extraditó a jefes paramilitares y forzó a los cabecillas guerrilleros a esconderse en Venezuela y Ecuador. Con esto, Colombia pasó de ser un Estado fallido a un referente mundial de seguridad y liderazgo.

Con una popularidad del 80%, Uribe entregó el poder en 2010 a Juan Manuel Santos, quien se hizo elegir con las ideas y los votos de Uribe, pero traicionó su legado. Santos, movido por sus vanidades y su pacto secreto con el comunismo internacional, promovió un proceso de paz innecesario con una guerrilla ya derrotada. Así selló una alianza vergonzosa con las Farc, a cambio de reconocimientos inmerecidos y arrastrando a Colombia hacia el abismo. Uribe, como líder natural de la oposición, fundó el Centro Democrático y lideró el triunfo del NO en el plebiscito que buscaba legitimar esos acuerdos, una victoria ciudadana desconocida por Santos en una afrenta directa a la voluntad popular.

Desde entonces, Uribe fue convertido en objetivo judicial. Santos, con el exfiscal Montealegre, Iván Cepeda y las Farc que son lo mismo, los magistrados Reyes y Barceló, tejieron un montaje contra Uribe, el más despiadado y miserable que haya sufrido un colombiano. Este juicio tuvo 67 audiencias, todas públicas, donde la nación y el mundo pudieron ver cómo el colombiano más grande de nuestro tiempo fue arrastrado a los tribunales sin una sola prueba en su contra, solo por defender la libertad, la seguridad, la democracia.

La acusación se sostiene en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, delincuente condenado a 40 años por secuestro, que ha mentido sistemáticamente. Dijo haber sido paramilitar, pero fue desmentido por ex paramilitares. Aseguró que presenció a Uribe dar órdenes para la masacre de San Roque, pero luego afirmó no conocerlo. Mintió sobre la presencia del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas y sobre escoltas paramilitares a Uribe, cuando para esa época tenía esquema de seguridad oficial. Su padre y su hermano lo desmintieron de todas estas afirmaciones y también relataron los ofrecimientos de Cepeda a toda la familia Monsalve, incluidas importantes sumas de dinero.

Monsalve fue visitado 12 veces en prisión por Cepeda, quien le otorgó beneficios aún vigentes. Vive cómodamente en una casa fiscal de La Picota, con privilegios escandalosos. Su celular desapareció y los chats de Cepeda fueron borrados. Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve y exintegrante de las Farc, ingresó a la cárcel relojes espías para grabar a Diego Cadena, abogado de Uribe. Las grabaciones fueron alteradas y los relojes manipulados. Luego, ella fue aceptada como “víctima” de Uribe, en un relato sin fundamento, donde culpan falsamente a Uribe de influir en la pérdida de su trabajo. Deyanira recibiría apoyo para conseguir asilo en Canadá.

Uribe fue interceptado ilegalmente por la Corte Suprema, y en cientos de horas grabadas no hay una sola frase que lo incrimine. Más de 15 testigos declararon que Cepeda ofrecía beneficios en cárceles para que hablaran contra Uribe y su familia. En muchas de esas visitas, lo acompañaba la abogada Mercedes Arroyave, que nunca compareció en el juicio, figura clave que presenció los ofrecimientos.

Un hecho revelador fue la declaración del exsenador Rodrigo Lara, quien acompañó a Piedad Córdoba a visitar en prisión a Mancuso y al “Tuso” Sierra. Allí, Cepeda intentó involucrar falsamente a los hijos de Uribe en un documento que Lara se negó a firmar. Era evidente que el objetivo de Cepeda educado en la comunista Bulgaria y tan cercano a las Farc, era enlodar a Uribe y su familia a cualquier costo, empleando todos los medios posibles, legales o ilegales.

No existe una sola prueba contra Uribe. La Procuraduría ha solicitado su absolución, y la jueza 44 debe fallar en derecho. Pero este juicio no solo trata sobre la libertad de Álvaro Uribe: está en juego la libertad de Colombia entera. Si se condena injustamente al hombre que salvó la patria del terrorismo y el comunismo, ¿qué independencia celebramos? ¿Qué sentido tiene conmemorar más de 200 años de libertad, si vamos a permitir que un puñado de corruptos, bandidos, narcos y comunistas destruyan la justicia y se tomen el país?.

Colombia no puede pagar con semejante injusticia a su mejor hijo al más valiente, al más patriota, al Gran Colombiano. La historia juzgará a quienes montaron esta farsa y a quienes la permitieron en silencio. A nosotros nos corresponde defender la verdad, la libertad y la memoria de un hombre que lo ha dado todo por Colombia.

#UribeEsInocente