Una nueva controversia golpea al Gobierno Nacional, esta vez en la Vicepresidencia de Juventudes, tras revelarse que Juliana Guerrero, recientemente designada en ese cargo, tendría un título académico inválido y no habría presentado las Pruebas Saber, requisito indispensable en el sistema educativo colombiano. La denuncia fue hecha por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien acusó a la funcionaria de haber incurrido en una posible falsedad documental.

Según Pedraza, Guerrero habría obtenido su grado universitario en circunstancias irregulares, pues no cumplió con las exigencias académicas establecidas por la ley. La congresista presentó documentos que, de acuerdo con su versión, evidencian inconsistencias en la validez de los certificados que acreditan los estudios de la funcionaria. “Lo que ella hizo constituye un delito: falsedad en documento. No podemos permitir que alguien con esas irregularidades ocupe un cargo de tanta responsabilidad con la juventud del país”, afirmó Pedraza.

El escándalo desató una fuerte reacción política y social. Mientras desde la oposición se pide la renuncia inmediata de Guerrero y una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía, sectores afines al Gobierno han llamado a la prudencia, argumentando que todavía no hay un fallo judicial que confirme las acusaciones. Sin embargo, el hecho de que se trate de un cargo relacionado directamente con los jóvenes, quienes constantemente enfrentan barreras para acceder a la educación superior, ha aumentado la indignación ciudadana.

En redes sociales, el tema se convirtió en tendencia, con cientos de usuarios cuestionando la idoneidad de los nombramientos del presidente Gustavo Petro y denunciando lo que consideran “falta de meritocracia” en la designación de cargos públicos. Algunos colectivos juveniles incluso han anunciado movilizaciones para exigir transparencia en el proceso de selección de funcionarios que representan sus intereses.

Por ahora, desde la Vicepresidencia de Juventudes no se ha emitido un pronunciamiento oficial que aclare las denuncias. No obstante, fuentes cercanas al Gobierno señalaron que se está revisando la documentación presentada por Guerrero y que, en caso de confirmarse las irregularidades, se tomarán las medidas correspondientes.

Este episodio se suma a otras polémicas recientes en el gabinete, en medio de un contexto político marcado por tensiones en el Congreso y críticas a la gestión gubernamental. La controversia sobre la formación académica de Guerrero amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para la Casa de Nariño, justo en un momento en el que el Ejecutivo busca fortalecer su legitimidad y confianza ante la opinión pública.