Bogotá, 29 de agosto de 2025.
El Gobierno Nacional anunció que este viernes radicará en el Congreso de la República una nueva reforma tributaria, con la que espera recaudar cerca de 26,3 billones de pesos. El proyecto tiene como propósito asegurar la financiación del Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a 556,9 billones de pesos, y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la iniciativa busca cerrar la brecha fiscal y asegurar ingresos permanentes para cubrir programas sociales, inversiones en infraestructura y compromisos de deuda. Según el funcionario, la propuesta está diseñada para ser “progresiva y equitativa”, con énfasis en que quienes tengan mayores ingresos y patrimonios contribuyan más al sostenimiento del Estado.

La reforma incluye ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incrementos en los gravámenes a productos como licores y tabaco, y mayores exigencias en los impuestos de renta y patrimonio para los sectores de más altos ingresos. También contempla la creación de nuevos mecanismos de control tributario con el fin de reducir la evasión y mejorar la eficiencia en el recaudo.

Este es el tercer intento de reforma tributaria en el actual gobierno. La primera fue aprobada en 2022 como ley de financiamiento y la segunda, presentada en 2024, no logró consenso político y terminó archivada. Ahora, con un déficit fiscal más marcado y la necesidad de cubrir un presupuesto considerado “históricamente alto”, el Ejecutivo vuelve a insistir en un proyecto más estructural.

El anuncio ya generó reacciones en el Congreso. Algunos sectores oficialistas destacaron que la medida es indispensable para proteger la inversión social y cumplir con las metas de la Regla Fiscal. Sin embargo, desde la oposición se ha advertido que el monto del presupuesto proyectado es demasiado alto y que la reforma tributaria puede convertirse en una carga excesiva para la economía en un momento de bajo crecimiento.

Algunos congresistas plantean que el presupuesto debería recortarse en cerca de 40 billones de pesos, desagregando los 26,3 billones que el Gobierno pretende obtener con la tributaria y otros 13 billones que corresponden a un déficit adicional identificado en las proyecciones macroeconómicas. De no lograrse un acuerdo en el Legislativo, existe la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe el presupuesto por decreto, lo que incrementaría la tensión política.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, insiste en que la reforma es un paso necesario para asegurar la estabilidad de la economía y evitar riesgos en la calificación crediticia del país. También recalca que el esfuerzo tributario no recaerá de manera indiscriminada sobre la clase media, sino que se concentrará en los sectores con mayor capacidad de pago.

La radicación de esta reforma tributaria abre así un nuevo debate nacional en torno al equilibrio entre sostenibilidad fiscal, justicia tributaria y capacidad económica de los ciudadanos. El Congreso tendrá la última palabra, en un escenario en el que el Gobierno busca convencer a las bancadas de que esta vez la tributaria no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar el funcionamiento del Estado en 2026 y los años siguientes.