La decisión se oficializó mediante decreto y con la designación de John Milton Rodríguez como liquidador. Según el Gobierno, la medida responde a una evaluación inicial que reveló deficiencias estructurales y un manejo ineficiente de los recursos públicos asignados a la cartera.

Rodríguez informó que ya se detectó un “desgreño administrativo” y que el proceso busca recuperar cerca de 200.000 millones de pesos. “Estamos destapando la olla podrida”, declaró el liquidador al referirse a gastos que, según el Ejecutivo, carecen de justificación suficiente o de resultados medibles.
El equipo técnico comenzó el inventario de contratos, personal, activos y programas vigentes. También se revisarán las transferencias realizadas y las obligaciones pendientes, con el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría.

El Gobierno aseguró que se garantizará la continuidad de las atenciones prioritarias a poblaciones vulnerables mientras se definen los traspasos de funciones a otras entidades del Estado.
La liquidación se enmarca en la política de simplificación del aparato estatal impulsada por De la Espriella, quien ha insistido en eliminar burocracias que considera innecesarias. Se espera que en las próximas semanas se publique el plan completo de liquidación, con cronograma y destino final de los programas residuales.