La senadora del Centro Democrático rechazó retractarse ante la Defensoría y defendió su derecho a fiscalizar a la JEP, en plena disputa por el recorte presupuestal del tribunal.
La senadora María Clara Posada no dio un paso atrás. Este sábado 24 de octubre, tras conocerse la solicitud de la defensora del Pueblo, Iris Marín, de que se retracte por sus señalamientos contra la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre, la congresista respondió que mantiene lo dicho. La Defensoría, que también pidió la rectificación del senador Germán Rodríguez (Salvación Nacional), sostiene que los dos usaron fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar cercanía entre la magistrada y antiguos integrantes de las Farc, y que algunas expresiones constituyen ataques de género.
La controversia nació el 5 de octubre, cuando Posada divulgó un video de 30 segundos de una audiencia reservada del 14 de febrero de 2019. En ella, el entonces máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, hablaba de “buen trato” a los secuestrados y negaba que se hubiera torturado, mientras la sala reía. La senadora, que afirma haber recibido el material de una fuente anónima, lo calificó de “tertulia de seis horas con amigos” y de burla a las víctimas. El episodio ocurrió en medio del debate en el Congreso sobre el recorte de $170.000 millones al presupuesto de la JEP, que Posada defiende por la crisis fiscal del país. A la JEP le atribuye un costo de $3,8 billones y gastos en viáticos y viajes internacionales que, según ella, exigen transparencia.
Ante el requerimiento de la Defensoría, Posada fue tajante. Respondió que “contextualizar” no puede significar imponer una visión de los hechos y cerró su respuesta con una frase corta: “me ratifico en mi apreciación sobre las imágenes divulgadas”. Con el mismo tono ya había enfrentado a Timochenko, quien la acusó de violar la reserva de la audiencia. Ella contestó que no se deja intimidar y que el reclamo la motiva a seguir investigando. El Centro Democrático la ha respaldado públicamente.
La Defensoría, por su parte, reconoció que los congresistas tienen “pleno derecho” a cuestionar decisiones judiciales, evaluar resultados institucionales y promover reformas, y pidió que ese derecho se ejerza sin presentar acusaciones infundadas como hechos probados. La JEP también ha defendido a Lemaitre: su despacho ha imputado a 74 comandantes de las Farc en nueve autos y contribuyó a la condena del antiguo Secretariado por secuestro, confirmada en segunda instancia. Esa entidad sostiene, además, que los malos tratos a los secuestrados ya están probados.
Así, el pulso entre la Defensoría y la senadora deja sobre la mesa una pregunta de fondo para el Congreso: dónde termina la fiscalización política y dónde empieza la descalificación. Posada, por ahora, insiste en que su labor es la primera. Del senador Rodríguez no se conocía una respuesta a la solicitud al cierre de esta nota.